El temario se discutirá este miercoles en la reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado Victoria Villarruel.
La Libertad Avanza y los bloques opositores se reunirán este miercoles al mediodía para realizar la próxima semana una sesión ordinaria, en la cual el oficialismo quiere tratar el propiedad privada, que elimina restricciones para que empresarios puedan comprar tierras, y establece el desalojo exprés para las propiedades o terrenas ocupadas en forma ilegal.
El temario de la sesión se discutirá en una reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras el pedido realizado la semana pasada de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, que no pudo lograr el objetivo de sesionar este miércoles 8 de julio.
Será la última sesión ordinaria antes del receso que se otorga a los empleados desde el 20 de julio al 3 de agosto, en coincidencia con las vacaciones de invierno en varias provincias del país y la ciudad de Buenos Aires.
En la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich -quien concurrirá junto al libertario Agustín Coto- propondrá tratar la postergada ley de Propiedad Propiedad, la ley Hojarasca ya aprobada por la Cámara de Diputados y un conjunto de pliegos judiciales.
El proyecto central que se tratará en la sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a esta agencia.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.
Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se trate de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.
Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente.
La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico; se tiene por válida aun si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables a él.
Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la cual debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, que es de 10 días hábiles.
En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en el 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.
Pliegos judiciales
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de Ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.
Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".
También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
