El debate comenzó por la expansión del coronavirus. Esto llevó a que detenidos en las cárceles de todo el país exigieran medidas sanitarias para garantizar su salud, acompañadas en muchos casos de pedidos de prisión domiciliaria.
En este marco el juez de instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, explicó en una nueva entrega de Códigos en la Tele, “Desde Adentro”, de qué se trata la morigeración de pena, desmintiendo la liberación y prisión domiciliaria en demasía de presidiarios.
“En principio es importante destacar la diferencia que hay entre el instituto de la morigeración de la pena a través de la prisión domiciliaria y las otras medidas alternativas que otros jueces han aplicado en estos casos”, subrayó.
Detalló que un juez posee -desde siempre- un sistema que permite morigerar las prisiones preventivas, que son las medidas cautelares que se dictan durante el proceso, las cuales son limitadas y excepcionales. El objetivo de éstas es garantizar que la causa se pueda llevar y encausar hacia un buen puerto cuando se realice la sentencia definitiva.
Indicó que estas excepciones son para personas que se encuentran con algún tipo de enfermedad y que no puedan ser tratadas en unidades penales. También comprende a embarazadas o mujeres que tengan a su cargo chicos menores a 5 años.
“Los planteos de morigeración de pena por medio de prisión domiciliaria se hacen desde hace mucho tiempo, pero la novedad quizás, es que se está aplicando en base a esta pandemia que afecta a la humanidad”, remarcó.
Sostuvo que esto genera dos grandes vertientes de interpretación por parte de los magistrados. “Hay quienes consideran que los servicios penitenciarios están preparados para controlar situaciones que se puedan ir presentando dentro de las unidades penales por coronavirus. Otros, con criterios de más prevención consideran que hay que moderar penas, que no es liberar. Este beneficio es para los que poseen delitos menores, y corresponden a aquellos donde no hubo violencia, abusos sexuales u homicidios”, expuso.
“Todo esto se evalúa en base a las recomendaciones de OMS y Corte Interamericana. Estos organismos han propuesto esta posibilidad para evitar la superpoblación carcelaria, entendiendo que un mayor números de personas en unidades penales podría facilitar la propagación del virus”, fundamentó.
Dijo Balanda Gómez que el debate se mediatizó por el lado de que “se ha liberalizado abiertamente a reclusos y no es así. El problema fue más en Capital Federal y provincia de Buenos Aires”, añadió.
Recordó que en estas circunstancias “el juez es soberano para tomar este tipo de decisiones. Es el único que puede evaluar las causas y condiciones que establece la ley para poder otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria”.
“Se debe conocer el fallo de cada magistrado para saber el por qué se llegó a esa conclusión. Nuestras resoluciones son fundamentadas y acreditadas”, resaltó.
Sobre las unidades penales en Misiones
Al hacer referencia, en cuanto a medidas preventivas el juez aseguró que se están “tomando todos los recaudos necesarios para prevenir contagios, con controles de distanciamiento e higiene”.
En una de las últimas resoluciones del Servicio Penitenciario Provincial se dispuso que ante la necesaria salida de un interno, el mismo deberá mantener un distanciamiento obligatorio con el resto.
“Desde el día uno he visto cómo ha evolucionado el trabajo que se está realizando. Es algo que se toma con mucha responsabilidad”, señaló.
Labor de la Justicia en cuarentena
Al ser consultado por el trabajo en el ámbito judicial, apuntó a que es “dinámico y a medida que el Superior Tribunal va disponiendo las acordadas. Nos adaptamos a cada una de ellas. Por ahora el horario es de 7 a 13 horas y por la tarde de forma telemática”.
“Estamos implementando con mucho éxito las audiencias vía WhatsApp, una herramienta muy útil y fundamental para el foro penal, porque es de fácil acceso, conocido por todos y que está dando buenos resultados”, concluyó.