Frente a la parálisis de la reforma laboral, el Gobierno decidió avanzar igualmente en la creación de la agencia evaluadora de tecnologías sanitarias (Agnet), una de las iniciativas contempladas en los proyectos que descansan en el Senado.
Como su tratamiento viene demorado en el Congreso, una comisión de técnicos designada por el Ejecutivo ya inició evaluaciones de medicamentos de alto costo para definir si son incorporados al Programa Médico Obligatorio (PMO), un viejo reclamo de las obras sociales y prepagas para frenar los crecientes juicios por cobertura de enfermedades y remedios.
Por estas horas, esa es una de las principales tareas a la que está abocada semanalmente la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC), creada en abril pasado en el ámbito del Ministerio de Salud por la resolución 623 de su titular, Adolfo Rubinstein.
El organismo, similar a la Agnet, está compuesto por funcionarios nacionales y provinciales, técnicos y representantes de obras sociales y prepagas. De ese modo, el Gobierno busca avanzar en dictámenes que limiten los fallos de los jueces en contra de los agentes del sistema.
“Hasta tanto la agencia salga y suponiendo que para octubre fuera promulgada la ley, la CONETEC es un paso transicional. Se da un marco explícito mientras los legisladores debaten”, aseguró Rubinstein semanas atrás durante una charla en la Fundación Sanatorio Güemes.
Allí reconoció que la comisión es “una suerte de espejo de la Agnet” y que “ya está trabajando” para resolver los amparos, la desactualización del PMO y los problemas con el sistema de reintegros a las obras sociales, mientras el Ministerio de Salud en paralelo avanza con la Cobertura Universal de Salud (CUS) en el sector público.
En rigor, la mesa técnica de la CONETEC seleccionó tres medicamentos bajo confidencialidad para evaluar, mientras que la discusión sobre su financiamiento estará a cargo de la mesa política de dicho organismo.
La primera reunión oficial fue en junio y participaron representantes de ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, prepagas, obras sociales y de la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, los técnicos analizan la eficacia, la incorporación y políticas de cobertura de las drogas de mayor impacto económico.
“La visión es muy optimista, se está evaluando la efectividad, la seguridad y el impacto presupuestario de las nuevas tecnologías. Después se resuelve si se integra o no al PMO”, explicó a iProfesional Fernando Copolillo, miembro de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (Cempra).
Pero también reconoció que en la discusión está presente la cuestión de la litigiosidad y el modo de financiamiento. En 2017 hubo 2.800 amparos contra las obras sociales y prepagas por tratamientos, procedimientos y medicamentos que no figuran en el PMO.
Según fuentes oficiales, uno de los medicamentos bajo análisis es el Nusinersen (de nombre comercial Spinraza) para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética, degenerativa y mortal que en la Argentina afecta a 400 personas.
Como el nuevo remedio es muy costoso, las instituciones médicas evitan su utilización, pero ya hay 45 casos que accedieron a través de la vía judicial. Ese vacío legal por falta de un marco normativo es el que el Gobierno y los prestadores buscan llenar con las recomendaciones del organismo.
Nuevas tecnologías
De acuerdo con datos oficiales, el costo por paciente en el primer año de tratamiento es de casi $17 millones. Por lo tanto, si la cartera de Salud diera tratamiento a todos los afectados, debería destinar más de $6.500 millones, un 10% del presupuesto del área y una cifra superior al costo de provisión del programa de vacunas, que es de $5.500 millones.
“Son costos impagables”, sostuvo en la charla Rubinstein. Y señaló que “los canadienses resolvieron que tienen que bajar 10 veces el precio del Nusinersen”.
Por ello, la idea es registrar la droga, reducir su valor y ofrecer una cobertura limitada para los casos más graves. El funcionario se lo adelantó semanas atrás a la Asociación Civil Familias AME Argentina.
Pero los familiares de pacientes en Argentina piden que las obras sociales y prepagas cubran en el PMO a todos los afectados o bien que el costo lo asuma el Ministerio de Salud. Los tiempos son clave porque en el medio mueren niños.
El debate sobre la nueva droga se intensificó desde el 23 de diciembre de 2016, cuando la ANMAT de Estados Unidos, denominada FDA, aprobó el Spinraza para todo tipo de AME (1, 2 y 3) y todas las edades. Luego le siguió la Agencia Europea de Medicamentos y se sumaron Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza, Chile y Brasil, entre otros.
Para los prestadores, una de las principales cuestiones es “quién paga” el tratamiento. Por ello, creen que la comisión es un paso en favor de un “uso racional de recursos”.
“El juez puede aceptar un amparo igual, no es vinculante el dictamen, pero es un elemento a tener en cuenta”, reconoció un integrante de la mesa técnica. Sin embargo, dentro del organismo transicional son varios los que aspiran a que la futura agencia vaya más allá y sea convocada por el juez como perito de parte ante un litigio. “Eso se verá en la reglamentación”, sostienen.