El proyecto enviado al Congreso obliga a aclarar en servicios o prestaciones de libre acceso que son pagadas con el dinero de los contribuyentes.
El Gobierno nacional mandó al Congreso la tan promocionada Ley Ómnibus, que entre sus más de 600 artículos incorpora cuestiones de alto impacto para la vida cotidiana. Sin embargo, al entrar en la profundidad de su articulado, también incluye una serie de cuestiones meramente simbólicas, como el hecho de que a partir de ahora no se podrá usar la palabra “gratuito” para catalogar un servicio.
A lo largo de la campaña electoral, el actual presidente Javier Milei insistió una gran cantidad de veces en que nada es gratis, y que, por el contrario, alguien lo paga. No se cansó de cuestionar el hecho de que en muchos de los casos sea el propio Estado el que se hacía cargo de tal servicio. El mismo Estado que empezó a desguazar desde el 10 de diciembre.
En ese contexto, la ley que busca aprobar y cuyo proyecto fue enviado ayer al Congreso tiene en su sección séptima, dedicada al régimen de transparencia fiscal al consumidor, un llamativo artículo.
Es el 209, que busca advertir al usuario de prestaciones o servicios públicos que no son gratis, sino pagados con sus impuestos.
“En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos, no podrá utilizarse la palabra ‘gratuito’ o similares, debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”, dice la modificación propuesta por el gobierno.