La Legislatura prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo o remate de inmueble que estén destinados a vivienda única y familiar, o a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación de más de ocho años, en predios urbanos y rurales, respectivamente, sean fiscales o privados.
En los fundamentos, el diputado Carlos Rovira, autor del proyecto, afirmó que esta medida “responde a la necesidad de salvaguardar el derecho a una vivienda digna, asegurando condiciones habitacionales adecuadas”.
“El enfoque de esta nueva prórroga se centra en la continuidad de garantizar la preservación de la vivienda en áreas urbanas y rurales, frente a eventuales emergencias, incluyendo aquellas de índole económica que puedan afectar a los ciudadanos en su capacidad para mantener su hogar”.
En el Recinto, la presidente de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, Anazul Centeno, se refirió al impacto de la situación económica en las familias, e hizo hincapié en la importancia de la ley en el contexto de la política habitacional, y expresó: “En un país donde faltan al menos 3.5 millones de viviendas, el acceso a un hábitat digno es el sueño más anhelado, y esta ley busca seguir protegiendo ese derecho esencial”.