El Senado de la Nación aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país. La iniciativa se sancionó este jueves, en una sesión especial en la que no participó el bloque oficialista. La norma fue respaldada por legisladores provinciales, entre ellos los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, que votaron a favor.
La ley busca responder a la crisis generada por el ajuste presupuestario del gobierno nacional, que pone en riesgo la continuidad de prestaciones, el acceso a medicamentos de alto costo, el transporte y las ayudas técnicas esenciales para personas con discapacidad. Para entrar en vigencia, la norma debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, advirtió sobre la gravedad de la situación y remarcó que “se está poniendo en riesgo las prestaciones y servicios vinculados a la salud, la provisión de ayudas técnicas y la entrega de medicación de alto costo”.
Antúnez aclaró que los recursos que se reclaman no son beneficios discrecionales, sino fondos públicos que ya pertenecen a las provincias. “Esto no es un regalo de Nación, es el reintegro de lo que los ciudadanos pagan en impuestos nacionales y que debe volver en forma de políticas públicas. Ese presupuesto ya está en manos del gobierno nacional”, subrayó.
Consultada sobre el impacto en Misiones, Antúnez aseguró que el gobierno provincial está absorbiendo los costos que Nación dejó de cubrir. “Misiones está garantizando todo lo que hoy la Nación desatiende, mediante los organismos con competencia en el área. Pero no corresponde que la Nación se desentienda de sus responsabilidades”, afirmó.
El Senado convirtió en ley la declaración de emergencia por discapacidad
También detalló que el retiro de estas coberturas afecta directamente la vida cotidiana de quienes más lo necesitan: “Esta situación deja a muchas personas sin posibilidad de cubrir lo básico: alimentos, alquiler, servicios. Además, no se garantiza que puedan ser auditadas, lo que es clave para acceder a sus derechos”.
Antúnez puso en números el impacto: “El costo mínimo por persona ronda los 290 mil pesos. No es una cifra exorbitante, pero para quienes tienen discapacidad es una suma vital. Es fundamental que puedan acceder a esas prestaciones y a la medicación que requieren”.