El Presupuesto 2026 vuelve a colocar a la educación y a la ciencia en el centro del debate parlamentario. Mientras el Senado trata este viernes la ley de leyes, el artículo 30 del proyecto se consolidó como el principal foco de conflicto entre el oficialismo y la oposición.
La cláusula impulsada por el Gobierno propone derogar las normas que establecen pisos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología. Entre ellas figuran el mínimo del 6% del PBI destinado al sistema educativo y el esquema de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI para el área científica. La iniciativa también alcanza al financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía advirtiendo recortes y demoras en la ejecución de partidas.
Desde el oficialismo sostienen que esos porcentajes no se cumplieron de manera sostenida en años anteriores y que, en el marco de una política de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. Según esta postura, eliminar esas obligaciones permitiría una asignación más flexible de los recursos y evitaría compromisos que luego el Estado no puede cumplir.
La oposición, junto a universidades, gremios docentes y organizaciones del sistema científico, rechaza esa interpretación y advierte sobre un retroceso estructural. Señalan que la eliminación de los mínimos legales deja al financiamiento educativo y científico sujeto a decisiones coyunturales y pone en riesgo el funcionamiento básico de las instituciones.
En el ámbito universitario, las críticas apuntan a la distancia entre los fondos previstos para 2026 y los recursos necesarios para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En el sistema de escuelas técnicas, en tanto, alertan que la quita del financiamiento específico podría traducirse en una fuerte reducción de partidas destinadas a talleres, equipamiento y programas de formación.
El tratamiento del artículo 30 se desarrolla además en un escenario legislativo delicado. Cualquier modificación introducida por el Senado obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados, con plazos ajustados antes del cierre del año. Esa posibilidad mantiene en tensión al oficialismo, que busca evitar cambios para avanzar con la sanción definitiva del Presupuesto.
La sesión de este viernes no solo definirá el futuro del Presupuesto 2026, sino también el rumbo de la política educativa en los próximos años. El debate expone una disputa de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un contexto donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a confrontar de manera directa.