Tras aceptar una serie de renuncias, el Gobierno nacional dispuso una reconfiguración de las autoridades argentinas en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el objetivo de “garantizar el normal funcionamiento del organismo”. Las designaciones fueron oficializadas a través del Decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La administración de Javier Milei avanzó con cambios en el Directorio y en el Consejo de Administración de la central hidroeléctrica, comenzando por la aceptación de la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo, función para la que había sido designado en febrero de 2024.
Si bien dejó ese puesto, Peña continuará vinculado a la entidad, ya que fue designado como consejero a partir del 12 de enero, para completar el período legal que se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, según establece la normativa.
En reemplazo de Peña asumirá Diego Luis Adúriz, quien hasta ahora se desempeñaba como consejero. También presentó su renuncia José Antonio López, que ocupaba el mismo rol dentro del Consejo de Administración.
Adúriz quedará al frente del Directorio por la Argentina tras haber sido representante de CAMMESA y haber integrado el equipo de asesores del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado formaba parte del Consejo de la central hidroeléctrica y su mandato se extenderá hasta enero de 2031.
En paralelo, el decreto recuerda que el Consejo de Administración de la EBY continúa integrado por Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, quienes fueron designados en el inicio de la gestión y permanecen en funciones.
Asimismo, se nombró como nuevo consejero, a partir del 12 de enero de 2026, al licenciado en Relaciones Públicas Manuel Ignacio Chavarría Bertolami, por un período que finalizará el 31 de agosto de 2026.
Al fundamentar los cambios, el Ejecutivo sostuvo que, ante las renuncias presentadas, resulta necesario avanzar con nuevas designaciones para asegurar el funcionamiento institucional de la Entidad Binacional Yacyretá. Los nombramientos se realizaron conforme a lo establecido en el Tratado de Yacyretá, firmado entre Argentina y Paraguay en 1973, y a las normas que regulan la integración y el funcionamiento de sus órganos de conducción.