El Gobierno nacional oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses, una medida dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y formalizada a través de la Resolución 4/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La decisión se adoptó tras inspecciones realizadas el año pasado que detectaron irregularidades financieras, desvío de fondos y deficiencias en la infraestructura y seguridad de la terminal marítima.
La resolución, firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, establece que la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto quedará a cargo del Estado nacional. Además, se dejó abierta la posibilidad de que la intervención se extienda más allá del plazo previsto si las anomalías detectadas no son corregidas.
Desde la ANPYN señalaron que los recursos destinados al mantenimiento y mejora del puerto habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, en contravención con la normativa vigente. También remarcaron que las inspecciones evidenciaron deterioro en el muelle, falta de protocolos de seguridad y ausencia de respuestas por parte de las autoridades provinciales ante los pedidos de regularización. A esto se sumaron denuncias de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que operan en la terminal.
La intervención se produce en plena temporada de cruceros, lo que elevó la tensión política con la provincia de Tierra del Fuego. Desde la gobernación, encabezada por Gustavo Melella, cuestionaron la medida y aseguraron que las operaciones del puerto continúan con normalidad.
En ese marco, el gobierno fueguino adelantó que recurrirá a la Justicia para frenar la intervención. Desde la administración provincial consideraron que existe un “avasallamiento” sobre la autonomía local y confirmaron que trabajan en una estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos recupere el control de la terminal marítima.