El Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO₂), que se trasladará a los precios de la nafta y el gasoil a partir de febrero en todo el país. La medida fue oficializada mediante el decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según explicaron desde el Ejecutivo, se trata de una actualización parcial que forma parte de la estrategia de aplicar los aumentos de manera escalonada para moderar el impacto en los consumidores. En el texto oficial se señala que el objetivo es sostener el crecimiento económico dentro de un esquema fiscal considerado sostenible, postergando parte de los incrementos pendientes.
De acuerdo con el cronograma establecido, para las operaciones realizadas entre el 1 y el 28 de febrero el impuesto sobre la nafta sin plomo -tanto la de hasta 92 RON como la superior- aumentará $16,773 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se incrementará en $1,027 por litro.
En el caso del gasoil, el impuesto subirá $14,372 por litro, con un adicional de $7,782 para las alícuotas diferenciales que rigen en determinadas regiones del país. A su vez, el impuesto al dióxido de carbono aplicado al gasoil aumentará $1,638 por litro.
El decreto también recuerda que el Gobierno había postergado la aplicación plena de los ajustes correspondientes al año 2024 y a los primeros trimestres de 2025, fijando como nueva fecha de implementación el 1° de febrero de 2026. Además, se volvió a diferir la siguiente actualización prevista, que ahora se aplicará recién el mes siguiente.
La normativa mantiene un tratamiento diferencial para el gasoil destinado a provincias patagónicas y otras zonas específicas del interior del país, como Malargüe (Mendoza) y el partido bonaerense de Patagones.
El esquema de actualización de estos impuestos se rige por la Ley 23.966, que establece ajustes trimestrales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. No obstante, durante 2025 el Ejecutivo optó por aplicar solo aumentos parciales, lo que implicó una resignación de ingresos fiscales estimada en más de USD 2.300 millones, según informes privados.