Luego de conseguir el dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, el oficialismo intentará este jueves darle media sanción al proyecto que fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves.
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, este jueves el Gobierno buscará avanzar, esta vez en Diputados, con la media sanción del proyecto que modifica el Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sesión comenzará a partir de las 11 horas y el temario también incluye el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo logró este miércoles quedarse con el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.
La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.
Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.
La sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
El proyecto pone el acento en la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe cualquier convivencia con detenidos mayores. Además, incorpora programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y tratamiento de adicciones, bajo supervisión judicial.
Uno de los puntos que destrabó apoyos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones para su implementación, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.