La diputada nacional Marcela Pagano, del monobloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue posibles irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, en un expediente que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación, que se conoció en las últimas horas, apunta a eventuales delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y a la adjudicación del predio estatal durante el período 2025-2026.
Según detalla el escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría sido otorgada a la empresa ATX S.A. por un monto superior a los 3.650 millones de pesos para la prestación de servicios de envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, la denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia. Además, se señalan inconsistencias en los valores presentados en licitaciones similares y la reiteración de empresas relacionadas, elementos que, de confirmarse, podrían configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Foco en la concesión de Tecnópolis
El planteo judicial también pone la lupa sobre un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso valuado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En este punto, se menciona la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina. También se detallan nexos comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denuncia, podría constituir un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la presentación, los hechos podrían encuadrarse en figuras como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Por último, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de distintas medidas de prueba para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.