La familia de Loan Danilo Peña volvió a reclamar la intervención del Gobierno nacional para destrabar el inicio del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
En ese marco, los padres del menor impulsaron el envío de cuatro cartas institucionales dirigidas al presidente Javier Milei, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia y a la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de acelerar el proceso judicial.
La abogada querellante, María Belén López Cornara, explicó que el pedido central apunta a que se garantice el inicio del debate oral y público sin demoras. Si bien el Tribunal Oral Federal de Corrientes había fijado inicialmente el juicio para el 7 de octubre, tras cuestionamientos de las partes, se resolvió revisar el cronograma, lo que volvió a generar incertidumbre.
En sus presentaciones, María Noguera y José Peña, padres del niño, solicitaron a la Corte Suprema que asegure la integración del tribunal y evite nuevas dilaciones. En paralelo, reclamaron al Ministerio de Justicia que garantice los recursos necesarios para el desarrollo del juicio, mientras que ante Casación pidieron que el caso sea tratado con carácter prioritario.
A su vez, los fiscales de la Unidad Fiscal Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel, también requirieron una fecha urgente para el debate, al considerar “imperiosa” la necesidad de avanzar con el expediente, tanto para resguardar el derecho de la familia a obtener justicia como para definir la situación procesal de los imputados.
En la causa principal serán juzgados siete acusados, entre ellos la ex funcionaria María Victoria Caillava, el ex capitán Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña y otros involucrados, todos señalados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.
En paralelo, avanza otra investigación con múltiples imputados por delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio y otros cargos vinculados, lo que complejiza aún más el proceso judicial.
Mientras tanto, la familia insiste en que el caso no puede seguir demorándose y reclama respuestas concretas de la Justicia y del Estado para avanzar hacia el esclarecimiento del hecho.