jueves, abril 9, 2026

Joven denunció demoras judiciales en un caso de abuso en Posadas y apuntó a un docente del San Basilio Magno

Un caso de presunto abuso sexual infantil volvió a generar polémica en Posadas luego de que un joven, identificado como Emiliano Sosa, hiciera público su testimonio en redes sociales y denunciara demoras en el avance de la causa judicial, que -según afirmó- impactan directamente en su vida cotidiana.

De acuerdo a la investigación judicial, el acusado se desempeñaba como docente en el Instituto San Basilio Magno al momento de la denuncia. Tras la presentación del caso, fue detenido el 3 de abril de 2024, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo caución. Como parte de las medidas impuestas, se le prohibió el contacto y acercamiento hacia la presunta víctima y su entorno. No obstante, según lo señalado por el denunciante y fuentes del caso, el hombre continúa vinculado laboralmente a la institución.

El denunciante, hoy mayor de edad, expuso su situación en el marco de un nuevo aniversario desde que su madre tomó conocimiento de los hechos y radicó la denuncia contra su padrastro. De acuerdo a lo señalado, la causa tramita bajo el expediente Nº 41.984/2024 en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas.

Según su relato, el 19 de diciembre de 2024 la Cámara de Apelaciones (Sala II) declaró la nulidad de un fallo que había dispuesto la liberación del imputado, identificado como Jorge Daniel R., al considerar que esa resolución resultaba arbitraria y no contemplaba su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, aseguró que, pese a esa decisión, el acusado continúa en libertad y que incluso seguiría vinculado a un establecimiento educativo de la ciudad, lo que -según expresó- representa un riesgo para otros menores.

En su mensaje, el joven reclamó una resolución definitiva en la causa y pidió al juez interviniente que dicte sentencia “de inmediato”. También advirtió que la falta de definiciones judiciales afecta su salud emocional y le impide avanzar con normalidad en su vida.

El planteo reavivó el debate sobre los tiempos de la Justicia en casos de abuso y la necesidad de garantizar la protección de las víctimas durante todo el proceso.

La postura del SPEPM

En medio de la repercusión, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que aclaró su intervención en el caso. El organismo indicó que, según consta en la información judicial, el docente imputado “goza de libertad bajo medidas restrictivas que se limitan a la presunta víctima, sin prohibición general de contacto con menores ni inhabilitación laboral”.

En ese marco, señalaron que “desde el estricto plano penal, no existe impedimento para el ejercicio de su trabajo”, aunque remarcaron que el sistema educativo debe regirse por un “deber reforzado de seguridad y prevención”.

Por ello, el SPEPM informó que requirió de manera urgente a la institución educativa la adopción de medidas preventivas, como la separación física del agente, su reubicación en tareas sin contacto con alumnos o una licencia preventiva. Estas acciones, explicaron, se fundamentan en el principio precautorio y el interés superior del niño, “con carácter provisorio y sin prejuzgamiento de culpabilidad”.

Además, advirtieron que “mantener la situación actual solo por la inexistencia formal de alumnos a cargo no satisface el estándar de máxima diligencia exigible”.

La respuesta de la institución

Por su parte, desde el Instituto Superior San Basilio Magno también difundieron un comunicado dirigido a su comunidad educativa, en el que buscaron llevar tranquilidad ante la situación.

Desde la institución señalaron que “los supuestos hechos ahí expuestos fueron tramitados ante la justicia”, y que se trataría de “situaciones personales-familiares ocurridas en el año 2024, fuera del ámbito escolar”.

Asimismo, indicaron que, de comprobarse la autoría del video difundido en redes, correspondería a “un ex estudiante que egresó en el año 2023”.

En ese sentido, remarcaron que las actividades institucionales continúan con normalidad y solicitaron “comprensión y confianza”, asegurando que seguirán actuando “con responsabilidad y respetando los derechos de todos, cuidando siempre la integridad de los alumnos”.

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