El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales mediante peaje, con el objetivo de descentralizar la gestión vial y transferir funciones operativas a las jurisdicciones locales.
La medida autoriza a los distritos a licitar obras de mantenimiento, reparación y conservación en tramos de rutas que atraviesan sus territorios, mediante esquemas de concesión a empresas privadas, mixtas o entes públicos, financiados a través del cobro de peajes.
Las provincias alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que podrán avanzar en la administración directa de la infraestructura vial.
La disposición fue formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que la delegación será funcional, limitada, temporal y revocable.
El texto aclara que el Estado nacional conserva la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal, por lo que no se transfiere el dominio de los corredores viales.
También fija un plazo máximo para los contratos de concesión, que no podrán superar los 30 años desde su aprobación.
Para avanzar, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos involucrados y los planes de obra. Los procesos deberán garantizar transparencia, competencia, publicidad y equilibrio económico-financiero, además de criterios de razonabilidad tarifaria.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión de los contratos.
El decreto establece además que, si una provincia no inicia el proceso de licitación dentro de un año, la delegación quedará sin efecto para ese tramo.