El Gobierno nacional presentó un recurso judicial para intentar llevar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte Suprema y frenar su aplicación, horas antes del vencimiento del plazo fijado por la Justicia para transferir los fondos a las universidades.
La presentación, realizada en la madrugada de este viernes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, busca suspender el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que obligan al Ejecutivo a realizar desembolsos para el sistema universitario.
El Recurso Extraordinario Federal fue impulsado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, con el objetivo de revertir el fallo que ratificó una medida cautelar contra el Gobierno y declaró inaplicable parte del Decreto 759/2025.
Con este planteo, el Estado intenta evitar el pago inmediato de los fondos, cuyo plazo vencía este viernes por la mañana, y ganar tiempo para que intervenga el máximo tribunal. Además, solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen del caso y sean reemplazados por conjueces, bajo el argumento de su vinculación con el ámbito universitario.
En el ámbito judicial, la estrategia fue considerada débil y leída como una maniobra dilatoria. Desde el Gobierno sostienen que cumplir con la ley implicaría un desembolso cercano a $2,5 billones, lo que pondría en riesgo el superávit fiscal. También cuestionan que la norma no establece una fuente de financiamiento específica, en conflicto con leyes presupuestarias vigentes.
En paralelo, las universidades públicas intensificaron sus reclamos. Este jueves realizaron una jornada nacional de protesta con actividades abiertas, clases públicas y acciones de visibilización en todo el país.
Desde el sector advirtieron que, sin la aplicación de la ley, el sistema universitario atraviesa una crisis crítica, con una caída del 45,6% en las transferencias desde diciembre de 2023. Señalaron además el impacto en los salarios docentes y no docentes, así como en los programas de becas.
Las instituciones confirmaron que notificaron a la Justicia el incumplimiento del fallo por parte del Ejecutivo y reclamaron la convocatoria urgente a paritarias. También anticiparon nuevas movilizaciones a nivel nacional si no hay respuestas en las próximas semanas.