La causa que investiga un presunto esquema de sobornos para facilitar el contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz sumó un nuevo giro judicial: quedaron suspendidas las audiencias de indagatoria previstas para las próximas semanas.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Posadas luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara una apelación contra la inhibición de la jueza que llevaba adelante el expediente. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que deberá definir si la magistrada continúa al frente de la investigación o si corresponde su apartamiento.
En este contexto, el juzgado resolvió paralizar momentáneamente el avance del proceso, incluyendo las declaraciones programadas entre el 21 de abril y el 6 de mayo, hasta que exista una resolución sobre la competencia.
El expediente apunta a una presunta red de corrupción en el paso fronterizo, con un total de 71 personas involucradas. Entre ellas hay 46 funcionarios públicos —24 integrantes de Gendarmería Nacional y 22 agentes de Aduana— además de 25 civiles vinculados a la operatoria informal de traslado de mercaderías, conocidos como “paseros”.
Según la investigación, los implicados habrían participado en maniobras ilegales que permitían el ingreso y egreso de productos sin control, a cambio del pago de coimas.
La causa se inició en 2022 tras una denuncia interna dentro de una fuerza de seguridad. Luego de haber sido archivada en una primera instancia, fue reactivada en 2024 con nuevas pruebas que derivaron en una serie de allanamientos recientes en Posadas, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación clave para la pesquisa.
Por el momento, no hay personas detenidas ni medidas restrictivas, aunque todos los involucrados fueron notificados y continúan vinculados a la causa, que está encuadrada en el delito de cohecho pasivo, con posibles penas de prisión e inhabilitación para los funcionarios implicados.