El oficialismo busca avanzar con rapidez en el Senado para emitir dictamen sobre el proyecto que autoriza al Gobierno a cancelar una deuda de 171 millones de dólares con fondos litigantes en Estados Unidos, en el marco de acuerdos ya negociados por la administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La iniciativa será tratada este miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de dejar listo el dictamen y habilitar su debate en el recinto en los próximos días.
Urgencia por cumplir los plazos
El Gobierno busca dar una señal clara a los mercados y evitar complicaciones judiciales, ya que los acuerdos alcanzados con los acreedores tienen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. De no aprobarse la ley a tiempo, podrían caerse las negociaciones y reactivarse litigios internacionales en condiciones más desfavorables para el país.
El proyecto contempla la autorización para cancelar compromisos con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que mantienen demandas contra Argentina desde la crisis de 2001 y no ingresaron a los canjes de deuda posteriores.
Detalles del acuerdo
Según lo establecido, el pago se dividiría en:
- US$ 67 millones para Bainbridge Ltd.
- US$ 104 millones para el grupo Attestor
Desde el Ejecutivo destacan que el entendimiento permitirá cerrar múltiples causas judiciales abiertas en tribunales de Nueva York y poner fin a reclamos que incluyen intentos de embargo sobre activos argentinos.
Además, el Gobierno subraya que el acuerdo implica una reducción superior al 30% sobre los montos reclamados, lo que representaría un alivio frente a los costos potenciales de continuar con los litigios.
Estrategia oficial
Con este movimiento, el oficialismo apunta a ordenar el frente financiero externo y reducir riesgos legales, en línea con su estrategia de estabilización económica.
Si logra avanzar el dictamen, la iniciativa podría ser tratada en el recinto durante la primera semana de mayo, en una sesión clave para consolidar el acuerdo y evitar nuevas contingencias judiciales para el país.