A mediados del año pasado Federico Sosa (presidente de la Comisión Vecinal de Yacyretá) se acercó a la Defensoría del Pueblo de Posadas, para dar cuenta de la alarmante situación que padece Bernarda Espinoza -de 91 años- y dio inicio a un expediente: no posee ninguna ayuda económica y no tiene agua, según hace constar en su demanda; además, vive en un lote que pertenece a otra persona, pero ella figura como responsable.
La anciana tampoco tiene movilidad y la pensión que percibía fue dada de baja por el gobierno nacional. Desde la Defensoría se realizaron gestiones administrativas ante Samsa para que pueda acceder al agua potable. El organismo respondió que se encargarían de realizar las correspondientes instalaciones del líquido vital.
Todo ello consta en el expediente que se está tramitando en la misma Defensoría. Sin embargo, hasta el momento, no hubo acciones concretas que garanticen a Espinoza el acceso al líquido vital.
Por tal motivo, este viernes, se presentó ante el Anses, la solicitud para dar de alta la pensión de la señora; pues por decisión de este se la habían quitado, porque no pudo justificar su acceso al país, ya que Bernarda es de nacionalidad paraguaya.
“Desde la Defensoría se trabajó hasta conseguirle ese ingreso, y fue presentado desde el expediente al Aanses para reactivar el beneficio. Si el requerimiento fuese aceptado, se derrumbaría el único argumento de la empresa, referente a la falta de ingresos de la señora, que deviene en que no le puedan brindar el servicio debido a que no puede justificar su estadía y permanencia como ciudadana del país, según la política que llevan adelante desde la nueva gestión del presidente Mauricio Macri”, explicaron desde la entidad.
“Actualmente Bernarda recibe agua a través de una manguera que le brinda un vecino hasta tanto se logre la conexión solicitada, siendo totalmente falsa la información que brinda un medio periodístico que sostiene que Bernarda tiene que caminar 10 cuadras para acceder al líquido vital”, sostuvo el presidente de la Comisión Vecinal Sosa.
“Se trata de un adulto mayor en total estado de vulnerabilidad y seguiremos agotando instancias administrativas, y no descarto lo judicial si este tema no se revé y se da una solución definitiva” declaró el defensor del Pueblo, Alberto Penayo