El Gobierno nacional avanzó con la implementación de uno de los ejes centrales de la reforma laboral al reglamentar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta orientada a reducir costos para las empresas y fomentar la generación de empleo registrado.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 315/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, y establece una reducción de las contribuciones patronales por un período de hasta cuatro años para empleadores que incorporen trabajadores no registrados.
La reglamentación llega luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo levantara la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma, habilitando así al Ejecutivo a avanzar con su aplicación. El beneficio alcanza a las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El régimen apunta a cuatro grupos específicos: personas sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025, trabajadores desocupados durante al menos seis meses previos a su contratación, ex monotributistas sin relación de dependencia reciente en el sector privado y quienes hayan tenido su último empleo en el sector público.
Entre las condiciones, se establece que las nuevas incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la nómina total de la empresa. Además, el incumplimiento de los requisitos implicará la obligación de pagar las contribuciones adeudadas, junto con intereses y sanciones correspondientes.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca incentivar la formalización laboral y ampliar la base de empleo registrado, en un contexto de cambios en el mercado de trabajo y de políticas orientadas a reducir la carga impositiva sobre el sector productivo.