La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar bajo la lupa judicial tras una auditoría impulsada por el Ministerio de Salud, que detectó fuertes diferencias entre los valores pagados por insumos ortopédicos y los precios de mercado. Según el informe, algunos productos habrían sido adquiridos con sobreprecios que superan el 4000%.
La revisión abarcó contrataciones realizadas en los últimos años para la compra de sillas de ruedas, prótesis, andadores y otros elementos destinados a personas con discapacidad. Desde el área sanitaria consideraron que las diferencias encontradas no tendrían justificación y resolvieron profundizar el análisis sobre los mecanismos de adquisición utilizados por el organismo.
La causa es investigada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, quienes analizan un posible esquema de direccionamiento de contrataciones en beneficio de determinados proveedores vinculados a la ANDIS.
Entre los empresarios convocados a declarar aparecen representantes de Farma Salud, directivos de Ortopedia Sagués y responsables de otras firmas vinculadas al expediente. También fue citado Osmar Caballi, exdirector general de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández, quien además tendría vínculos societarios con una de las empresas investigadas.
La investigación judicial ya acumulaba denuncias previas relacionadas con presuntas maniobras irregulares en compras de medicamentos e insumos. En Comodoro Py sospechan que existía un circuito de contrataciones concentrado en un reducido grupo de proveedores y con escasa competencia en los procesos de adquisición.