La polémica por la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó un nuevo capítulo judicial. Una denuncia penal presentada en los tribunales de Comodoro Py solicita investigar a funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y compañías vinculadas al dragado del río Paraná por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
La presentación fue impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a través de su titular, Fernando Miguez, junto a la abogada Marcela Scotti, y se suma a la investigación ya iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Entre los apuntados aparecen el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, el empresario Gastón Benvenuto, además de las firmas Jan De Nul y el Grupo Neuss, entre otros.
La denuncia sostiene que existiría una presunta maniobra de direccionamiento de la futura concesión de la Hidrovía, con posibles delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos.
Según el escrito judicial, el supuesto perjuicio económico podría alcanzar los 7.000 millones de dólares.
Uno de los principales ejes de la acusación apunta a la confección de un supuesto “pliego a medida” para beneficiar a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado del Paraná.
De acuerdo con la presentación, las condiciones técnicas incluidas en la licitación —especialmente la exigencia de un calado inmediato de 44 pies— limitarían la competencia y favorecerían a una única empresa con capacidad operativa inmediata.
“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene la denuncia.
El documento también cuestiona el esquema previsto para el cobro del peaje de la Hidrovía. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría devolver la recaudación directamente al concesionario privado, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP).
“Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirma el escrito.
Además, la presentación advierte sobre una presunta pérdida de control estatal sobre el principal corredor exportador del país.
“El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”, señala la denuncia.
Otro de los puntos incorporados en el expediente menciona supuestas reuniones informales realizadas en oficinas de Puerto Madero, donde —según el texto— asesores cercanos a Santiago Caputo habrían mantenido contactos con representantes técnicos de la compañía dragadora para definir aspectos del pliego.
La denuncia también habla de una presunta “purga silenciosa” dentro de áreas técnicas vinculadas a puertos y vías navegables. Según los denunciantes, habrían sido desplazados funcionarios que cuestionaban los costos del esquema de dragado.
En paralelo, la fundación solicitó distintas medidas de prueba, entre ellas el secuestro de borradores de pliegos, auditorías sobre la AGP, peritajes técnicos y el relevamiento de comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso licitatorio.
Además, pidió una medida cautelar para suspender la licitación hasta que se garantice la transparencia del procedimiento. Sin embargo, un planteo similar ya había sido rechazado en otra causa vinculada al mismo proceso.