El Gobierno nacional presentó en el Senado un nuevo proyecto para combatir la ludopatía y regular las apuestas online, con foco en la protección de menores de edad y el combate a las plataformas ilegales. Sin embargo, la iniciativa abrió una nueva polémica política porque, a diferencia del proyecto aprobado por Diputados en 2024, habilita la publicidad de juegos de azar bajo determinadas condiciones.
La propuesta oficial prohíbe el acceso de menores a plataformas de apuestas online y busca reforzar mecanismos de prevención, asistencia y control sobre el juego patológico. No obstante, mantiene la posibilidad de que casas de apuestas, bingos y casinos puedan publicitar sus servicios, siempre que cumplan ciertos límites vinculados a la protección de niños y adolescentes.
El esquema difiere del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, impulsado por bloques opositores, que establecía restricciones mucho más severas sobre la promoción y difusión de apuestas online.
Aquella iniciativa había sido sancionada con el respaldo del peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia, mientras que La Libertad Avanza votó en contra y otros espacios, como el PRO y parte de la UCR, se abstuvieron.
Ahora, el nuevo texto impulsado por el oficialismo deberá ser debatido en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presididas por las legisladoras oficialistas Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el referido a la publicidad de las apuestas online. La iniciativa prohíbe la difusión de plataformas ilegales o no autorizadas, pero habilita campañas promocionales de operadores habilitados, siempre que no estén dirigidas a menores ni vinculen el juego con el éxito económico, laboral o social.
Además, se establece que la publicidad no podrá incentivar el consumo de alcohol o tabaco durante las apuestas y obliga a medios de comunicación y plataformas digitales a verificar que los anuncios correspondan a operadores autorizados.
El proyecto también contempla medidas orientadas a la prevención y concientización sobre la ludopatía, junto con la elaboración de estadísticas e información epidemiológica para monitorear la evolución de la problemática y detectar grupos vulnerables.
En paralelo, el texto endurece las sanciones contra las apuestas ilegales. La propuesta prevé penas de entre tres y seis años de prisión para quienes operen plataformas clandestinas de juego online sin autorización oficial.
Asimismo, establece condenas de dos a cuatro años para quienes colaboren con esos sistemas ilegales mediante servicios financieros, tecnológicos, digitales o publicitarios, aun conociendo que las plataformas no cuentan con habilitación correspondiente.