El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, entre ellas un decreto para acelerar sanciones contra empresas involucradas en la explotación de recursos en el área en disputa, la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto para endurecer la legislación vigente.
Durante una cadena nacional, acompañado por su Gabinete, el mandatario adelantó que el decreto reglamentario buscará agilizar los procedimientos contemplados en la Ley 26.659, que establece condiciones y sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Gobierno nacional.
La medida instruirá a organismos estatales a remitir a Cancillería información sobre posibles incumplimientos para avanzar con los procesos correspondientes. También incorporará declaraciones juradas en trámites relacionados con hidrocarburos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir el acceso a esos mecanismos de empresas que desarrollen actividades alcanzadas por las restricciones.
Endurecimiento de sanciones y un Consejo de Seguridad Nacional
Milei anunció además que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluirá una modificación de la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y ampliar su alcance.
Según explicó, la reforma buscará extender las consecuencias administrativas y penales a empresas que presten servicios a compañías involucradas en explotaciones hidrocarburíferas en las áreas alcanzadas por el reclamo argentino.
El proyecto contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar políticas de seguridad entre distintas áreas del Estado. La iniciativa incorporará además un régimen para la protección de infraestructuras críticas y un marco específico en materia aeroespacial y marítima.
Una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego
Otro de los anuncios fue la asignación de mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades nacionales en materia de telecomunicaciones.
El Gobierno plantea que esa infraestructura permita fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas y operativas en una zona considerada estratégica.
El proyecto petrolero Sea Lion
Las medidas fueron anunciadas en medio del avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas y cuestionado por Argentina por no contar con autorización nacional.
Milei sostuvo que el desarrollo implica la extracción de un recurso no renovable en un área cuya soberanía permanece en disputa y recordó las resoluciones de Naciones Unidas que instan a Argentina y Reino Unido a evitar decisiones unilaterales mientras continúa pendiente la controversia.
El Presidente afirmó además que durante los últimos tres años Argentina consiguió 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales favorables a su reclamo y presentó más de 60 protestas y propuestas formales frente a acciones unilaterales británicas.
Un llamado a la unidad por Malvinas
Al comenzar su mensaje, Milei ratificó la posición argentina: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”.
También recordó que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un mandato establecido en la Constitución Nacional y sostuvo que el Estado debe recurrir a herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para sostener el reclamo.
Sobre el cierre, el mandatario buscó colocar la cuestión por fuera de las disputas partidarias. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, expresó.
Finalmente, Milei planteó la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas y desarrollar una política de seguridad nacional de largo plazo que incluya, además de la defensa territorial, la protección de los recursos estratégicos, la infraestructura crítica y los intereses económicos del país.