El Gobierno nacional aprobó la incorporación de mujeres privadas de la libertad consideradas de alto riesgo al sistema especial de gestión del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida quedó establecida mediante la Resolución 878/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El esquema, denominado Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), había sido implementado inicialmente en 2024 para la población masculina. Su funcionamiento contempla procedimientos específicos de evaluación, clasificación y separación de integrantes de organizaciones criminales nacionales y transnacionales.
Según los fundamentos de la resolución, desde su implementación fueron incorporados al régimen 78 miembros de distintas organizaciones criminales, principalmente vinculados con actividades en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes. Seguridad sostuvo que el sistema permitió limitar la capacidad operativa de esas estructuras desde las cárceles.
El Gobierno también vinculó los resultados del régimen con diferentes operativos federales desplegados en el país, entre ellos el Plan Andrés Guacurarí en Misiones, además de los planes Bandera en Rosario, Güemes en el norte argentino y Paraná en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La ampliación a la población femenina fue fundamentada en la mayor complejidad de los perfiles vinculados con el crimen organizado. La normativa señala una creciente participación de mujeres en tareas de conducción, logística, transmisión de órdenes y coordinación, particularmente después de la detención de integrantes masculinos de esas organizaciones.
La implementación requerirá adecuaciones en infraestructura, alojamiento, tratamiento, salud integral y vinculación familiar, además de capacitación específica para el personal penitenciario. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tendrá 60 días para elaborar los protocolos y manuales complementarios necesarios para poner en funcionamiento el nuevo esquema.