Representantes de Misiones llevaron al Congreso un planteo para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad y garantizar su aplicación efectiva. Advirtieron por demoras en medicamentos, ayudas técnicas, cirugías y pagos a prestadores, y pidieron que el Presupuesto 2027 preserve las herramientas destinadas a las personas con discapacidad.
Misiones reclamó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027, durante una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. El planteo provincial puso el foco no solo en mantener vigente la normativa, sino también en garantizar los recursos necesarios para que sus disposiciones puedan aplicarse efectivamente.
La posición fue expuesta por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, quien detalló las dificultades que atraviesan personas con discapacidad, familias y prestadores en Misiones. También participaron los diputados nacionales Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz, del bloque Argentina Federal.
Entre los principales reclamos aparecen las demoras en la entrega de medicamentos de alto costo, ayudas técnicas, elementos ortopédicos y sillas de ruedas, además de cirugías pendientes y atrasos en los pagos a prestadores y transportistas.
Prorrogar la emergencia y garantizar su aplicación
Durante su exposición, Antúnez sostuvo que la continuidad de la emergencia debe estar acompañada por una implementación efectiva de las políticas y los recursos previstos para el sector.
“Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas una variable de ajuste fiscal de ningún gobierno”, afirmó. Y agregó: “No solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de derechos, estamos hablando de personas que están esperando una respuesta”.
Según detalló, en Misiones hay alrededor de 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad y unas 48.000 afiliadas al Programa Federal Incluir Salud. Parte de esa población enfrenta dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos y otros elementos indispensables para su atención.
Antúnez mencionó, entre otros casos, pacientes con hemofilia cuyos tratamientos pueden representar costos de entre $30 millones y $40 millones, además de personas con ELA que requieren terapias que pueden alcanzar los US$60.000.
Medicamentos, cirugías y ayudas técnicas entre los principales reclamos
La representante misionera señaló que 316 pacientes aguardan desde mayo respuestas vinculadas con medicamentos, mientras que existen demoras cercanas a seis meses en la entrega de ayudas técnicas y cirugías pendientes desde febrero de 2025.
A este escenario sumó atrasos en los pagos a prestadores y transportistas y dificultades en la ejecución de recursos provenientes del Fondo Nacional de Discapacidad.
Según explicó, Misiones cuenta con proyectos aprobados cuyos desembolsos demoraron alrededor de ocho meses. También indicó que otras iniciativas aprobadas en junio todavía no comenzaron a implementarse.
“Imagínense que todo esto pasa con el respaldo de la ley de emergencia en discapacidad. Imagínense si nosotros no tuviéramos esta ley”, planteó Antúnez ante los legisladores.
Misiones pidió que el Presupuesto 2027 preserve los derechos establecidos
Otro de los ejes del planteo estuvo centrado en el Presupuesto Nacional 2027. Antúnez manifestó preocupación por modificaciones incluidas en el proyecto que, según sostuvo, podrían afectar herramientas contempladas para las personas con discapacidad.
La funcionaria pidió que el debate presupuestario tenga en cuenta la continuidad de las condiciones que motivaron la declaración de la emergencia y que las decisiones fiscales no impliquen retrocesos en prestaciones y derechos.
En ese sentido, reclamó además una mayor participación del Consejo Federal de Discapacidad en las decisiones nacionales que afecten al sector y sostuvo que las provincias deben tener intervención en la discusión de las políticas que posteriormente deben implementar en sus territorios.
Herrera Ahuad propuso avanzar con un dictamen unificado
Por su parte, Oscar Herrera Ahuad planteó que las comisiones avancen hacia un dictamen unificado que garantice la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad y pidió que lo resuelto por el Congreso sea contemplado en la discusión del Presupuesto 2027.
El legislador misionero sostuvo que el debate debe preservar las herramientas establecidas para las personas con discapacidad y reclamó que las disposiciones presupuestarias no condicionen anticipadamente la discusión que lleva adelante la Cámara de Diputados.
El objetivo parlamentario es extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la Ley 27.793, actualmente establecida hasta fines de 2026. Las comisiones volverán a reunirse el próximo 23 de septiembre, con la intención de avanzar hacia un dictamen.
Así, el planteo llevado por Misiones concentró sus propuestas en prorrogar la emergencia, asegurar su financiamiento, acelerar la entrega de medicamentos y ayudas técnicas, normalizar los pagos a prestadores, ejecutar los fondos pendientes y garantizar que el Presupuesto 2027 mantenga las herramientas de protección previstas para las personas con discapacidad.