El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por los enfrentamientos registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada terminó con al menos 25 detenidos y ocho efectivos heridos, mientras que los daños materiales fueron estimados preliminarmente en $90 millones.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra manifestantes señalados por participar en los incidentes ocurridos este jueves frente al Congreso, durante la quinta Marcha Federal Universitaria. La presentación fue realizada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, luego de los enfrentamientos entre un grupo de participantes de la protesta y las fuerzas de seguridad.
La denuncia contempla los presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas en los hechos registrados durante la movilización.
Según el escrito presentado por las autoridades nacionales, algunos de los implicados actuaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. El Gobierno sostuvo que primero provocaron daños en bienes públicos para obtener objetos contundentes, que posteriormente habrían arrojado contra efectivos policiales y de las fuerzas federales desplegados en la zona.
Los enfrentamientos derivaron en un operativo de seguridad que incluyó la utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante. Al finalizar la jornada, las autoridades informaron que al menos 25 personas fueron detenidas.
Entre los detenidos hubo un adolescente de 14 años
Uno de los casos registrados durante el procedimiento fue el de un adolescente de 14 años, aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de las calles Montevideo y Bartolomé Mitre.
De acuerdo con la información oficial, el menor fue señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Debido a su edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y se dio participación al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El balance difundido por las autoridades también indicó que ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron lesionados durante los enfrentamientos. De ese total, cuatro pertenecen a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval Argentina y otros dos a la Policía Federal.
Estiman en $90 millones los daños materiales
Además de las detenciones y los efectivos heridos, los incidentes provocaron destrozos en distintos sectores de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una primera evaluación y estimó los daños materiales en aproximadamente $90 millones. El relevamiento incluyó afectaciones en veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano.
Desde la administración porteña aclararon que se trata de una cifra preliminar, sujeta a modificaciones una vez que finalice el inventario de los elementos dañados y se determine el costo total de las reparaciones.
Una protesta por el financiamiento de las universidades
Los incidentes ocurrieron durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.
La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de organizaciones sociales, en una jornada que también estuvo marcada por la actividad parlamentaria.
En paralelo, la oposición intentó realizar una sesión en la Cámara de Diputados para avanzar con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, además de tratar iniciativas vinculadas con la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de las familias.
Sin embargo, la convocatoria fracasó por falta de quorum, luego de que se registraran 121 legisladores presentes, ocho menos de los 129 necesarios para iniciar el debate.
Tras los enfrentamientos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los episodios de violencia y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita las agresiones contra los efectivos ni la destrucción de bienes públicos.
Con la presentación judicial, el Ministerio de Seguridad busca que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades penales de los involucrados. La causa deberá avanzar sobre la base de las pruebas y los elementos reunidos durante el operativo.