La medida alcanza a más de 135 personas que viven y producen en terrenos de la colonia Picada Mandarina, donde existe un conflicto judicial por la propiedad desde 2016. La ley permitirá al Estado provincial intervenir en la adquisición de los inmuebles y avanzar en su posterior adjudicación a las familias.
La Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley que declara de utilidad pública y sujetas a compraventa y expropiación 537 hectáreas ubicadas en la colonia Picada Mandarina, en El Soberbio, con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de los terrenos ocupados por 31 familias agricultoras.
La decisión legislativa busca dar una respuesta a la situación de más de 135 personas que residen y trabajan en los lotes A y B, en el departamento Guaraní, y que enfrentan un conflicto por la titularidad de las tierras. Sobre esos inmuebles existe un proceso judicial de desalojo iniciado en 2016.
La norma surgió de la unificación de proyectos impulsados por la exdiputada Elsa Novoa y los legisladores Cristian Castro y Roque Soboczinski, quienes plantearon la necesidad de establecer un mecanismo legal para atender la situación habitacional y productiva de las familias.
Entre los fundamentos de su iniciativa, Castro sostuvo que los ocupantes mantienen una posesión pública, pacífica y continua de los terrenos, donde construyeron viviendas, galpones e iglesias, además de desarrollar actividades agrícolas que constituyen su principal sustento.
El diputado también recordó que el Concejo Deliberante de El Soberbio aprobó la Ordenanza 13/25, mediante la cual declaró de utilidad pública los lotes involucrados y solicitó la intervención de la Legislatura provincial para avanzar en una solución.
Según explicó, la expropiación constituye una herramienta jurídica para abordar el conflicto entre la titularidad registral de los inmuebles y su utilización habitacional y productiva, contemplando también el resarcimiento que corresponda a los propietarios.
Por su parte, Soboczinski hizo hincapié en la situación social de los ocupantes, quienes residen en el lugar desde hace décadas y permanecen expuestos a un eventual desalojo. En particular, señaló la necesidad de considerar la situación de niños, personas mayores y otros integrantes de las familias que podrían quedar en condiciones de vulnerabilidad si perdieran sus viviendas.
Cómo será el proceso de regularización de las tierras
La legislación establece que, una vez adquiridos los inmuebles por el Estado provincial, se podrán realizar las tareas de urbanización correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Posteriormente, los terrenos podrán ser transferidos a título oneroso a los beneficiarios debidamente censados y legitimados, mediante los procedimientos previstos para su adjudicación.
Durante el tratamiento parlamentario, el diputado Enio Lemes, quien actuó como miembro informante, explicó que la iniciativa proporciona un marco legal para que la Provincia intervenga en la situación de los inmuebles y avance en una solución para quienes los habitan y trabajan desde hace años.
El legislador remarcó que el procedimiento deberá desarrollarse de manera ordenada, con la identificación de las familias que acrediten las condiciones exigidas y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición de los terrenos.
El intendente destacó la situación de las familias agricultoras
Antes de la sesión, el intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, respaldó la iniciativa y cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, se obtuvo la titularidad de los inmuebles.
“Lo que estas familias están reclamando es justo, porque el título se obtuvo de manera irregular, ya que en ese lote ya vivían familias desde hace más de 25 años”, expresó el jefe comunal.
Leiva explicó que los terrenos presentan dificultades para el desarrollo de actividades agrícolas debido a sus características geográficas, aunque destacó que los ocupantes sostienen distintas producciones.
“Son 537 hectáreas donde viven 31 familias. Son suelos bastante sinuosos y difíciles de trabajar, pero, con mucho esfuerzo y sacrificio, estas familias producen tabaco, maíz, poroto y mandioca, que les permiten sostener su vida cotidiana”, señaló.
Asimismo, consideró que la posibilidad de acceder a los títulos de propiedad representaría un cambio importante para los habitantes de la colonia.
“Esto es muy importante y significativo para ellos, porque tener a futuro su propio título les da estabilidad y seguridad. También les permite acceder a programas y beneficios de la Provincia, como la vivienda rural, entre otros”, sostuvo.
El intendente agregó que la regularización dominial constituye una de las prioridades de su gestión, debido a que todavía existen otras superficies rurales del municipio que requieren intervenciones similares.
“Para nosotros, desde la gestión, este es uno de los ejes principales que tenemos que trabajar, porque todavía tenemos muchas más hectáreas por regularizar”, afirmó.
El testimonio de una de las familias alcanzadas
La aprobación de la ley también fue acompañada por habitantes de los terrenos involucrados, quienes desde hace años enfrentan la incertidumbre generada por el proceso judicial.
Jorge Muller, productor agrícola y residente de uno de los inmuebles, destacó la importancia de la decisión legislativa para las familias de Picada Mandarina.
“Hoy es un día muy importante para nosotros. Es un lugar difícil, sinuoso, donde no es fácil trabajar, por eso esto representa un logro muy importante”, manifestó.
El agricultor también recordó las dificultades que atravesaron ante la posibilidad de perder sus tierras y viviendas.
“Desde ya, estamos muy agradecidos de haber llegado a este momento. Es difícil expresar con palabras lo que significa, porque nosotros vivíamos con la amenaza de un desalojo, y tener hoy la certeza de que vamos a volver a nuestra casa y poder decir ‘lo logramos’ es algo que no tiene palabras. Somos 31 familias, y esto significa mucho para todos nosotros”, expresó.
Con la sanción de la norma, la Provincia contará con una herramienta legal para avanzar en la adquisición y posterior regularización de los terrenos, aunque la entrega de los títulos de propiedad dependerá del cumplimiento de las etapas administrativas y legales correspondientes.