El Gobierno nacional autorizó una adquisición de material militar sin revelar el tipo de equipamiento, su costo ni los proveedores. La medida, oficializada mediante un decreto, permite realizar el proceso de contratación sin las obligaciones habituales de publicidad y difusión.
El Gobierno de Javier Milei declaró bajo secreto militar las operaciones de compra de equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión permite al Ministerio de Defensa avanzar con las contrataciones sin divulgar los detalles del procedimiento.
La normativa, firmada por el Presidente y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, no especifica qué materiales serán adquiridos, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni a qué fuerza estarán destinados. La operación quedó identificada únicamente a través de un expediente administrativo.
Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa consideró que la naturaleza y finalidad de la adquisición requieren restringir el acceso a la información, debido a que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
Qué implica el secreto militar para las compras
La principal consecuencia de la medida es que los organismos encargados de la contratación quedarán exceptuados de las obligaciones de publicidad y difusión de las actuaciones vinculadas con la adquisición.
El Gobierno fundamentó la decisión en el Decreto 9390/1963, que permite clasificar como secreto militar determinados asuntos considerados fundamentales para la preparación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, incluidas las compras de equipamiento y sus negociaciones.
También citó la Ley de Defensa Nacional 23.554 y la Ley 24.948, que establecen las responsabilidades del Estado en materia de defensa, protección de la soberanía y adquisición de recursos militares.
A través de la disposición, el Ministerio de Defensa quedó autorizado a ejecutar las acciones administrativas necesarias mediante su Subsecretaría de Gestión Administrativa, que tendrá a su cargo la instrumentación del procedimiento.
Una adquisición sin detalles públicos
La decisión se conoció en el marco del proceso de reequipamiento militar impulsado por el Ejecutivo nacional y en un escenario de tensiones vinculadas con la cuestión Malvinas.
Sin embargo, el decreto no establece ninguna relación directa entre la adquisición y el conflicto de soberanía con el Reino Unido, ni identifica sistemas de armas o equipamiento específico.
Tampoco informa los plazos previstos para concretar la operación ni el presupuesto que demandará la compra.
De esta manera, el Gobierno podrá avanzar con la adquisición bajo el régimen de secreto militar, mientras que las características, el destino y el costo del equipamiento permanecerán fuera de la información pública del procedimiento.