El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado este sábado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación judicial por las irregularidades vinculadas con Ueno Bank. La Fiscalía también solicitó su prisión preventiva, luego de que el exmandatario compareciera ante el Ministerio Público tras su destitución mediante un juicio político.
La imputación fue presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes también formularon cargos contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. Ambos fueron convocados a prestar declaración indagatoria, aunque optaron por abstenerse.
En el caso de Carvallo, la acusación comprende tres presuntos hechos punibles: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Los representantes del Ministerio Público también solicitaron que se le aplique la prisión preventiva.
Peña fue trasladado cerca del mediodía desde el Regimiento Escolta Presidencial hasta la Fiscalía General de la República, bajo un importante operativo de seguridad. El exmandatario había quedado alojado en esa dependencia militar después de que las autoridades ejecutaran una orden de detención en su domicilio, en medio de manifestaciones y momentos de tensión.
Su abogado, Ricardo Preda, cuestionó las condiciones en las que se concretó el arresto, aunque aseguró que su defendido colaborará con la investigación judicial.
La causa está vinculada con presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank, entidad cuya crisis desencadenó fuertes repercusiones económicas y políticas en Paraguay. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer si existieron conductas delictivas en la administración de recursos y operaciones vinculadas con el banco.
La situación judicial de Peña se agravó después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante un juicio político, pese a que el entonces mandatario había presentado previamente su renuncia. Su salida del Ejecutivo derivó en la asunción del hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien quedó al frente del Gobierno.
Con la imputación formalizada y el pedido de prisión preventiva presentado, la Justicia deberá resolver la situación procesal del exmandatario y del expresidente del Banco Central, mientras continúa la investigación para esclarecer las presuntas irregularidades financieras.
