El caso de Agostina Páez, la joven santiagueña acusada de injuria racial en Brasil, sumó un nuevo capítulo con fuerte componente diplomático. Actualmente cumple prisión domiciliaria en Río de Janeiro mientras espera que la Justicia resuelva el pedido de traslado del proceso a la Argentina, una solicitud que su defensa considera difícil de concretar sin la intervención directa del Gobierno nacional.
La abogada brasileña Carla Junqueira, que representa a Páez en ese país, explicó que el traslado del proceso no constituye un derecho automático. “La posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no alcanza”, advirtió.
El juez de la causa aún no se expidió sobre el planteo, aunque la Fiscalía Estadual de Río de Janeiro ya manifestó su rechazo al pedido. Según la defensa, esa postura complica el escenario, ya que la opinión del Ministerio Público suele tener un peso importante en este tipo de resoluciones.
Mientras tanto, Páez permanece bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La defensa señaló que existe la posibilidad legal de que el magistrado disponga su traslado a una cárcel común si prospera un planteo de la fiscalía, aunque consideran que esa medida sería poco probable.
En paralelo, el equipo legal también denunció presunta violencia policial durante la detención de la joven en una comisaría de Río de Janeiro. Según Junqueira, estas irregularidades forman parte de la estrategia defensiva y podrían ser utilizadas en futuras presentaciones, mientras el caso avanza entre definiciones judiciales y gestiones diplomáticas.