El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el domingo pasado el pago de un bono de $60.000 para trabajadores del sector privado y del empleo público, como parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y el Salario. Inmediatamente, desde las provincias y el sector empresario comenzaron a llover planteos sobre la dificultad de implementar esa medida e incluso sumaron críticas y negativas sobre la medida, que tiene como objetivo contener el efecto de la devaluación y la inflación.
Desde el Gobierno anunciaron el pago del bono e inmediatamente la pelota pasó para el campo de los empresarios y la Unión Industrial Argentina (UIA). El ministro Massa confirmó esta noche la implementación de una suma fija de $60.000 para trabajadores formales privados y estatales. La suma será de $60.000 para empleados privados con sueldos de hasta $400.000 y se abonará en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre. El aumento será no remunerativo, por única vez, y a cuenta de paritarias, informaron.
“No está justificada la reacción de la UIA y de CAME. Les gustó la intervención del Estado incluso pagando los sueldos pero ahora se quejan cuando el Estado interviene para recuperar poder adquisitivo del salario”, manifestó este miércoles en declaraciones a AM750 el secretario de Industria Juan Ignacio de Mendiguren. “Si le preguntás a los empresarios nunca es tiempo de aumentar salarios”, lanzó.
Los comentarios del funcionarios fueron en dirección a los dichos desde la UIA, que un día antes marcó el terreno y sentó posición sobre el pago del bono a trabajadores. Consideraron que generan una ” superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas”.
La entidad que nuclea a las principales empresas y pymes del sector fabril remarcó, en un comunicado de este martes, que este tipo de aumentos “colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral”. Los industriales dejaron en claro que si bien “las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente”, apuntaron a que “las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”.
A esta discusión también se sumó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), alineada con la UIA, cuestionando la decisión anunciada por el Gobierno. “El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, comenzó el comunicado del organismo.
Con dureza, desde CAME sostuvieron que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”, por lo que “esta imposición agudizará esa pérdida”, manifestaron.
Mientras tanto, desde el Gobierno se agregaron otras voces, advirtiendo a los sectores de la industria y las empresas las consecuencias por no acatar la medida. La ministra de Trabajo, Raquel “kelly” Olmos, advirtió que “se aplicarán multas” para quienes no lo hagan. “Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, dijo la funcionaria en diálogo con Futurock este martes. Al respecto, aclaró que si bien las críticas de cámaras empresarias “son legítimas, algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio”, manifestó.
El anuncio del bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia fue una de las medidas que provocaron mayor alivio en los ingresos. Hasta el momento, hay solo tres provincias que confirmaron que pagarán la suma anunciada.
En ese marco, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, fue uno de los primeros en confirmar que abonaría el bono aunque con sus propias condiciones: aumento salarial de $55.000 y una suma de $400.000 a pagarse en cuatro cuotas. En el bando opositor, el radical Rodolfo Suárez también confirmó que se plegará al anuncio nacional abonando $60.000 en dos meses para los trabajadores estatales de Mendoza. Ricardo Quintela anunció que los empleados de La Rioja recibirán un incremento del 5% del sueldo básico junto a una suma fija de $55.000.
Por otro lado, otros cuatro distritos anunciaron que no darán un monto especial como el que dispuso el gobierno. En las últimas horas, trascendió la confirmación del ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri: “La provincia de Santa Fe no va a pagar el bono, va a pagar la paritaria”.
Antes de ingresar a la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista, el gobernador reelecto Sergio Ziliotto afirmó que no pagará el bono porque “en La Pampa hace 4 años que garantizamos cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación y hoy por hoy hay un esfuerzo mayor para los trabajadores que tienen cargas familiares”. “Habrá una complementación para los sectores de menos recursos”, adelantó.
Por la provincia de Córdoba, la confirmación de que no se pagará el bono llegó de parte del secretario general de la Gobernación, Julio César Comello: “Con el aumento que hemos otorgado a todo el sector público, ningún trabajador tendrá un aumento menor a $33.000. […] En Córdoba ya está consolidado con la porcentualidad con que los escalofones tienen”, declaró en Radio Pulxo.