En entrevista exclusiva con Revista Códigos, el defensor de Pueblo de Posadas, Alberto Penayo detalló aspectos de su actual gestión en la institución y cuáles son las demandas del posadeño.
Así, explicó cómo funciona la Defensoría del Pueblo ante los planteos cotidianos de los ciudadanos. “Buscamos corregir toda situación que vulnere derechos individuales o colectivos de los posadeños, ese es el principio rector de la Defensoría”, enfatiza el funcionario al inicio de la charla.
“Disponemos de un régimen de trabajo instituido que no puede dar la espalda a ningún tipo de reclamo. Caminamos entre una línea fina, sobre lo que pretende la sociedad o lo que podamos hacer como institución. Los reclamos pueden ir desde la mediación entre dos vecinos hasta una audiencia pública”, señaló.
Dijo que la limitación del órgano es la ciudad de Posadas, y que por ello crearon la Mesa Interinstitucional para generar opiniones que abarcan también a otras partes de la provincia.
“Logramos avanzar en dos frentes: una es la cuestión coyuntural que tiene que ver con el quehacer cotidiano, como la queja del vecino, pedidos por incumplimiento, entre otras cosas. Por otro lado está lo estructural, como lo es el amparo sobre la tarifa energética para Posadas y la provincia. Aquí se rompe el orden y se hace amplio el mecanismo de acción”, aseguró.
Encuentro entre Defensores de todo el país contra el tarifazo
Sobre el encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), realizada en Viedma (Río Negro), explicó Penayo que se establecieron determinados patrones para seguir con los principios establecidos por las Defensorías del país, que son: la razonabilidad de tarifas, progresividad, previsibilidad y lo no confiscatorio. “Se trasladaron los temas planteados al Gobierno nacional, sobre todo al ministro Aranguren, para que la adecuación no afecte de manera agresiva a los ciudadanos argentinos”, relató.
Relación con el Gobierno municipal
“Es la que debe ser”, expresó al ser consultado sobre ello. “Siempre nos ponemos frente a los reclamos de la gente y eso va más allá de la cuestión política. Discutimos desde lo institucional y defendemos lo que va a perdurar y permanecer en el tiempo. Por supuesto que lo tenemos que hacer acompañando la gestión, hasta y tanto no se rompan los principios rectores”.
“Hace poco presentamos en el Concejo Deliberante una resolución para que se declare la Emergencia Tarifaria en Posadas. En la capital provincial ya existen unos dos mil reclamos de familias que no pueden asumir el costo de la luz. Esto es facilitarle al Intendente mecanismos para que pueda arbitrar formas de pagos. Hacemos posible la relación institucional y en ocasiones hay diferencias políticas, pero eso es parte de la vida democrática de cualquier país”, recalcó.
Problemática del agua en la ciudad
“Creemos que la empresa prestataria del servicio (SAMSA) tiene muchas cuestiones por corregir y que están establecidas en el contrato de concesión. Tratamos de hacer entender al ciudadano que los reclamos tienen primero una vía administrativa y que no podemos manejarlos o arbitrarlos de manera individual. Hay que hacerlo de acuerdo a lo que diga la ley”, manifestó Penayo.
Aseguró así que el servicio de suministro de agua potable tiene problemas estructurales muy grandes. “La zona Sur es un ejemplo de ello. En todo el lugar existe un acueducto de 16 kilómetros que posee un enorme problema, porque se rompe tres veces por semana. Es un problema grave y que comprende millones de pesos en obras. Posadas se está expandiendo y ya son más de 22 mil las familias que están teniendo inconvenientes de manera constante”.
Geriátricos
En este ámbito, una de las responsabilidades de la Defensoría es proteger los derechos de los adultos mayores, y en función de ello se instruyó a un grupo de profesionales para investigar cómo funcionan los geriátricos de Posadas.
“Comenzamos a ver que existe una ordenanza, como cualquier comercio, y también una ley provincial sobre este tema. Descubrimos que solo existen cinco habilitados en la ciudad, cuando en realidad hay mucho más. Creamos -por medio de la Mesa Interinstitucional- el Observatorio para control y gestión de estos lugares. Además solicitamos al Concejo Deliberante y la Legislatura, por medio de un proyecto para establecer una Comisión Interparlamentaria y tener una ley unificada para cuidar a nuestros abuelos”, contó.
Asimismo se abrió la inscripción para que en un período de 90 días todos aquellos dueños de viviendas de ancianos que no estén sujetos a ninguna normativa, puedan articularse a un mecanismo que les permita lograr la habilitación.
Rol y aspiraciones políticas
“Buscamos ayudar a la gente y en este rol me siento satisfecho con lo realizado hasta el momento. Llegué acá porque quiero hacer esto. Sé que muchas veces este trabajo genera ciertos tipos de reacciones en determinados sectores, incluso en la Renovación, el partido político al que pertenezco”, analizó.
“Busco cumplir con este período de tiempo y luego se verá. No quiero que mi paso por la Defensoría sea solo administrativo, sino una instancia política. Tratamos de atacar todas las demandas, más allá de lo que se enfrente”, finalizó.
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