La iniciativa fue impulsada por el defensor del Pueblo, Alberto Penayo y de los concejales Rodrigo De Arrechea y Pablo Velázquez. A partir de ahora se establecerán los requisitos para la habilitación y registración de los establecimientos geriátricos en la capital provincial.
“Es un gran paso el que se da hoy con la aprobación de esta ordenanza, pero creemos que hace falta un control fuerte para que se cumpla. Es por ello que vamos a insistir con una parlamentaria por el hecho de que esto está directamente relacionado con garantizar los derechos humanos”, indicó.
El ombudsman recordó que antes no existía una norma de este tipo que reglamente el proceso de habilitación de estas residencias. “Hoy ya nadie podrá excluirse de cumplirlos, porque de lo contrario no podrán funcionar”, señaló.
El organismo de control en la parte de habilitación será el municipio y desde el área de lo sanitario Salud Pública. “Aquí hicimos realizamos un pedido para impulsar un mecanismo de contralor de ambas instituciones del Estado. Hoy figura, pero no está detallado de qué forma se lleva a cabo la práctica”, explicó Penayo.
“Los que no cumplan con los parámetros de la ordenanza sufrirán la clausura. Nadie podrá evadir sus obligaciones”, advirtió.
