Argentina volvió a poner en agenda internacional el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, al presentar una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante una sesión realizada en Ginebra, el país reclamó una respuesta concreta del sistema internacional y calificó la situación como una desaparición forzada, enmarcada en un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos.
La exposición estuvo a cargo del representante argentino ante Naciones Unidas, Carlos Foradori, quien contextualizó el caso dentro de una realidad que, según afirmó, se repite desde hace más de una década en Venezuela, con denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales. En ese sentido, sostuvo que los hechos exigen “firmeza, decisión y justicia” por parte de la comunidad internacional.
Foradori se detuvo especialmente en la situación de Gallo, quien permanece privado de su libertad sin orden judicial conocida y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Explicó que el gendarme fue acusado de atentar contra la seguridad del Estado venezolano antes incluso de haber ingresado al país. Según remarcó, no se lo detuvo por acciones concretas, sino por el significado político que se le atribuyó, en un contexto sin garantías judiciales independientes. También advirtió que permitir que el caso quede en el olvido sería una grave falta frente a quienes defienden la libertad y los derechos humanos.
En paralelo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la situación en Venezuela continúa sin mostrar mejoras. Señaló un agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
La detención de Nahuel Gallo ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. El gendarme viajaba para reencontrarse con su esposa y su hijo, entonces de dos años. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había completado los trámites migratorios habituales cuando fue separado para una supuesta entrevista y, desde ese momento, quedó detenido.
El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de espionaje y de integrar presuntas maniobras conspirativas para desestabilizar al régimen, entre ellas un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A fines de diciembre de 2024, el Ministerio Público venezolano informó que había sido procesado por delitos calificados como “terroristas”, con apoyo de sectores internacionales de derecha.
Desde su arresto, solo se difundieron imágenes de Gallo en enero de este año, donde se lo ve vestido de celeste junto a otros detenidos en un patio. En julio, su pareja, María Alexandra Gómez, reclamó públicamente al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, por la falta de acciones para garantizar los derechos y el debido proceso del gendarme argentino.