Más de 180 familias se reunieron con la Defensoría del Pueblo de Posadas, debido a aseguran que no tienen acceso a algunos de los servicios esenciales (agua y energía eléctrica). Por el contrario, si bien cuentan con autorización para el uso de la tierra, no tienen la documentación que demandan las prestatarias de los servicios públicos para conexión a las redes.
Esta situación los llevó a convocar al defensor del pueblo, Alberto Penayo y a su equipo técnico, en principio para solicitar asesoramiento; en la reunión plantearon la necesidad de iniciar un expediente y una mesa de diálogo a fin de comenzar un proceso que les permitan mejorar su calidad de vida y un ambiente limpio y sano.
Por otro lado, asumen el compromiso de conformar una comisión pro tierras para trabajar en el proceso.
“Creo necesario arrancar con un expediente y el diálogo que permita avanzar en la demanda de los vecinos, este tipo de procesos llevan tiempo y requieren de compromiso de las partes involucradas (titulares – poseedores) como punto de partida central para avanzar”, señaló Penayo.
“Esta es la primera etapa y posibilita otras acciones para regularizar el acceso a los servicios públicos”, adelantó.
