La Justicia Electoral de Brasil determinó inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro a presentarse a cargos públicos hasta 2030, al condenarlo por abuso de poder por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
El ministro, un importante aliado del presidente Lula da Silva, explicó que “La decisión del tribunal prueba que fueron perpetrados ataques abusivos al sistema de justicia y al orden jurídico. Por ese motivo, enviaré una petición a la Abogacía General del Gobierno para que analice la posibilidad de exigirle una indemnización”.
Dino aseguró que una vez que el tribunal probó el ataque de Bolsonaro a la credibilidad de la Justicia Electoral, logró que el Gobierno se encuentre en posición de exigirle que pague una “indemnización por los daños que le ocasionó al Poder Judicial y a la propia sociedad”.
Tras el duro revés de ser declarado culpable de “abusos de poder” durante la camapaña que llevó a cabo durante las últimas elecciones, donde fue derrotado por Lula, Bolsonaro fue despojado de todo derecho político.
El juicio tomó como foco principal una reunión organizada por el propio expresidente el 18 de julio de 2022, en la cual convocó a un numeroso grupo de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia.
Desde el tribunal, se acusó a Bolsonaro por caer en los delitos de abuso de poder político, conductas vedadas, desorden informativo y uso indebido de predios públicos y medios de comunicación, teniendo en cuenta que este último cargo se debe a que ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.
Alexander Padilha, ministro de Relaciones Institucionales, afirmó a la par de Dino que el hecho que Bolsonaro sea condenado es el “primer paso” y que “aún hay mucho que tiene que ser investigado y sancionado”.
“Fue el primer paso en la dirección de responsabilizar a Bolsonaro por la serie de crímenes que cometió y por la organización criminal que lidera”, sentenció Padilha, a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Una decisión que divide
Tras las que fueron denominadas como las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el gobierno de Lula afirma que continuará con su misión de unir y reconstruir el país. En la misma línea, el ministro Padilha aseguró que todavía queda un largo camino en la investigación por los crímenes cometidos por el exmandatario ultraderechista que deben ser llevados ante la justicia.
“No se trata de festejar que Bolsonaro no pueda disputar las elecciones (presidenciales) de 2026, que es algo muy distante de nuestras preocupaciones. Se trata de dejar claro el papel del expresidente en los ataques a la democracia y en no aceptar el resultado de las urnas”, explicó.
Las declaraciones reavivaron ciertos conflictos, donde aliados del actual presidente afirman que los recurrentes ataques de Bolsonaro a la democracia, negando el reconocimiento público de su derrota electoral, provocaron el intento de golpe de Estado durante el pasado 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente asaltaron las sedes de los tres poderes.
(Fuente: Diario 26)