El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, la norma que regula la constitución, funcionamiento y disolución de empresas en Argentina desde 1972. La iniciativa fue anunciada este viernes por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es avanzar hacia un esquema con “menos controles estatales” y mayor autonomía para el sector privado.
La propuesta apunta a modificar el régimen societario vigente, sancionado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, y reemplazarlo por un sistema que, según el oficialismo, se adapte “a la economía del siglo XXI”.
“Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, resumió Sturzenegger al presentar los principales lineamientos de la reforma.
Más flexibilidad para las empresas
Uno de los cambios centrales del proyecto contempla una fuerte flexibilización del funcionamiento de las sociedades comerciales. Según explicó el funcionario, las empresas ya no estarán limitadas a desarrollar actividades vinculadas entre sí y podrán operar en múltiples rubros bajo una misma estructura societaria.
Además, si el estatuto no define específicamente el objeto social, se interpretará automáticamente que la sociedad podrá realizar “cualquier actividad lícita”.
“Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, sostuvo Sturzenegger.
Arbitraje privado y legislación extranjera
El proyecto también habilita que las sociedades argentinas puedan resolver conflictos internos mediante arbitrajes privados o incluso bajo legislación extranjera, sin depender exclusivamente de la Justicia argentina.
Para el ministro, este mecanismo acercará al país a modelos internacionales utilizados en centros financieros globales.
“En Dubái las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”, afirmó.
Digitalización total del sistema societario
Otro de los ejes de la iniciativa será la digitalización completa de los trámites empresariales. El texto prevé incorporar:
- domicilio electrónico;
- legajos digitales;
- asambleas virtuales;
- constitución de sociedades mediante firma digital;
- y registros societarios completamente electrónicos.
“Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, aseguró el funcionario.
Empresas gestionadas con inteligencia artificial
Uno de los puntos más novedosos de la reforma contempla la creación de un marco legal para las llamadas “Sociedades Automatizadas”, empresas que podrían operar prácticamente sin intervención humana mediante sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial.
La iniciativa también reconoce legalmente a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras vinculadas al ecosistema blockchain y cripto, donde las reglas de funcionamiento quedan definidas mediante códigos informáticos y contratos digitales.
Ambos modelos contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada, algo que el Gobierno considera clave para atraer inversiones tecnológicas internacionales.
“Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA”, señaló Sturzenegger al comparar la propuesta con el esquema legal impulsado por Irlanda para compañías tecnológicas.
Menos burocracia y beneficios para grupos empresariales
La reforma también incorporará nuevos instrumentos financieros, mandatos societarios sin límite temporal y mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales dentro de grupos económicos.
Entre otras medidas, se permitirá que una empresa absorba directamente a una subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procedimientos asamblearios.
“Burocracia cero para los grupos societarios”, sintetizó el ministro.
Finalmente, Sturzenegger sostuvo que la reforma busca consolidar un modelo económico basado en la desregulación y la libertad de mercado.
“Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, concluyó. “Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”.