El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la presentación del proyecto Inocencia Fiscal II, una iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso con el objetivo de ampliar el alcance del régimen vigente y facilitar la incorporación de ahorros no declarados al sistema financiero formal. La propuesta fue debatida previamente en la mesa política oficialista y contempla modificaciones al Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA.
Durante una conferencia realizada en el Palacio de Hacienda, Caputo aseguró que “el espíritu de la ley no cambia absolutamente nada” y explicó que la intención es permitir que quienes acumularon ahorros fuera del sistema puedan regularizar su situación sin sanciones. Según sostuvo, muchas personas recurrieron a mecanismos informales durante los años de restricciones cambiarias y limitaciones para acceder libremente al dólar.
El titular de Economía también defendió la necesidad de movilizar esos fondos hacia la economía formal. “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”, afirmó, al señalar que la inflación también afecta al valor del dólar en Estados Unidos. Además, remarcó que la incorporación de esos recursos al sistema financiero podría traducirse en mayores inversiones, crecimiento económico y una mejora en la recaudación tributaria.
En ese contexto, Caputo vinculó la existencia de ahorros no declarados con décadas de elevada presión fiscal y controles cambiarios. El funcionario sostuvo que el aumento del gasto público llevó a sucesivas subas de impuestos que terminaron incentivando la informalidad. A ello se sumaron las restricciones para comprar divisas, lo que, según explicó, impulsó a muchos argentinos a conservar sus dólares fuera del circuito bancario.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que elimina límites de ingresos y patrimonio para adherir al régimen, además de establecer un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos sin penalidades retroactivas. La iniciativa también incorpora un “tapón fiscal”, mecanismo que restringe la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores o cuestione el origen de los fondos declarados, salvo en casos de diferencias significativas.
Entre los sectores que podrían verse beneficiados aparece el mercado inmobiliario. El proyecto habilita el uso de efectivo en operaciones formalizadas mediante escritura pública, una medida reclamada desde hace años por desarrolladores y escribanos. La posibilidad de utilizar dólares billete en transacciones inmobiliarias apunta a brindar mayor seguridad jurídica y fomentar la actividad del sector.
Además, la propuesta contempla una reducción de sanciones para pequeños contribuyentes y empresas. Las personas físicas y microempresas recibirían un alivio del 80%, mientras que las pequeñas compañías tendrían una reducción del 60% y las medianas de entre el 20% y el 40%. También prevé que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable por bancos y escribanías, facilitando futuras operaciones financieras y reduciendo requisitos burocráticos para quienes regularicen su situación.