La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó a un juez del fuero resolver sobre un planteo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que pidió que el ministerio de Capital Humano no suspenda el suministro de alimentos a comedores comunitarios.
El tribunal resolvió sobre un conflicto de competencia que demoraba la resolución del planteo. Para la Defensoría corresponde al fuero contencioso debido a que se trata de una política pública nacional, pero un juez la derivó a un colega de la Seguridad Social.
Ahora la Cámara Contencioso le dio la razón a la Defensoría y ordenó que se resuelva el planteo.
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes solicitó que se dicte una medida de “prohibición de innovar”, para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
El planteo tiene como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, “en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
En este sentido, el organismo destacó que no podía dejar de tenerse en cuenta el contexto de emergencia alimentaria nacional, declarado por el decreto 108/2002 y prorrogado por la ley 27.701.
Explicó que el Poder Ejecutivo Nacional había decidido “suspender la entrega de alimentos a comedores y merenderos mientras se realizaba una auditoria presencial, a efectos de establecer una nueva modalidad que posibilitaría nominalizar a todos los niñas, niños y familias que concurran a los comedores, bajo un esquema que contaría con financiamiento del Banco Nación y el Banco Mundial”.
Ese panorama se agrava por la “la falta de ejecución del presupuesto otorgado al Ministerio de Capital Humano”, que “ya resultaba significativamente menor ante la falta de aprobación del correspondiente al 2024 y la prórroga de aquel del 2023”.
El juez en lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente y remitió el planteo a su par del fuero de la Seguridad Social, lo que fue cuestionado por la Defensoría.
Ante un conflicto de competencia, la Cámara Contencioso Administrativo falló a favor de que éste fuero resuelva el planteo y la medida cautelar.