La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, al rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas. La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Con esta resolución, la Justicia avanzará con la ejecución patrimonial de 111 bienes muebles e inmuebles vinculados a los condenados, en un proceso que busca recuperar para el Estado cerca de 685.000 millones de pesos, monto que la causa judicial identificó como el perjuicio ocasionado por las maniobras investigadas.
La medida alcanza principalmente a propiedades y activos atribuidos al empresario Lázaro Báez, aunque también incluye bienes relacionados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Según la resolución judicial, el decomiso constituye una herramienta prevista por la legislación penal para reparar el daño económico derivado de delitos contra la administración pública.
La decisión de la Cámara de Casación ratificó lo dispuesto en noviembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que había ordenado avanzar con la ejecución de los bienes tras la condena dictada en la causa Vialidad. Al rechazar los recursos extraordinarios, los camaristas cerraron la instancia previa a una eventual revisión de la Corte Suprema y otorgaron firmeza a la ejecución patrimonial.
De este modo, el trámite judicial continuará con las actuaciones destinadas a concretar el decomiso y eventual recuperación de los activos involucrados. La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz y derivó en condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Las defensas de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez habían solicitado suspender la ejecución de los bienes mientras se analizaban nuevos planteos judiciales. Sin embargo, la Cámara entendió que no existían fundamentos suficientes para frenar el avance del decomiso dispuesto por el TOF 2.