La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei profundizó el conflicto con la Confederación General del Trabajo (CGT), que anticipó una posible escalada de la conflictividad y dejó abierta la puerta a la convocatoria de un nuevo paro general. Desde la central obrera cuestionaron varios puntos del decreto reglamentario y aseguraron que continuarán la disputa en el ámbito judicial.
La conducción cegetista sostiene que el Gobierno avanzó más allá de lo establecido por la propia ley y denunció que la reglamentación busca debilitar el financiamiento y la capacidad de acción de los sindicatos. Según afirmaron, existe una intención de flexibilizar las relaciones laborales mediante el debilitamiento de las organizaciones gremiales y la reducción de herramientas históricas de representación de los trabajadores.
Las críticas también llegaron al plano internacional. Durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, realizada en Ginebra, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, denunció al Gobierno argentino por presuntos incumplimientos de normas laborales internacionales y cuestionó medidas como la reducción de áreas estatales vinculadas al trabajo y los despidos en la administración pública.
El malestar sindical se da en un contexto económico complejo. Desde la central obrera advirtieron sobre el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad laboral. Además, señalaron que la combinación entre la Ley Bases, la reforma laboral y las políticas económicas actuales profundiza la precarización y afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ante este escenario, la CGT convocará en los próximos días a una reunión ampliada de su Consejo Directivo junto a representantes de distintos sectores productivos para definir una estrategia común. Si bien aclararon que un nuevo paro general aún no fue resuelto, remarcaron que la posibilidad “siempre está latente” y dependerá de la construcción de consensos internos que garanticen una medida de fuerza contundente.
En paralelo, la central sindical confirmó que trabaja junto a la Universidad de Buenos Aires en la elaboración de un índice propio de inflación, al que buscarán sumar a la Universidad Católica Argentina y a economistas de distintos espacios. La intención es presentar la nueva medición durante julio como una herramienta alternativa para analizar la evolución de los precios y el impacto económico sobre los trabajadores.