La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de dejar sin efecto, de manera provisoria, la cautelar que había frenado 82 artículos de la reforma laboral generó fuerte malestar en la CGT. En la central sindical reconocen el impacto del fallo, aunque aseguran que era un escenario posible. Mientras tanto, analizan los próximos pasos tanto en el plano judicial como político, donde la movilización del 30 de abril cobra mayor protagonismo.
Desde Azopardo admitieron que el revés golpea la estrategia que habían trazado para frenar la reforma en los tribunales, luego de no lograrlo en el Congreso. Sin embargo, puertas adentro también surgieron cuestionamientos al fallo, con versiones sobre presuntas presiones en la Justicia. “Sabíamos cómo se mueve el mundo de las cautelares”, deslizaron desde la conducción.
En un comunicado oficial, la CGT rechazó la resolución al considerar que habilita la aplicación de normas que, según sostienen, deterioran las condiciones laborales y afectan la organización sindical. Aun así, aclararon que la discusión de fondo —la constitucionalidad de la reforma— todavía no fue resuelta por la Justicia.
En ese marco, el equipo legal de la central evalúa alternativas para sostener la pelea en los tribunales. Remarcan que la cautelar no fue anulada, sino que sus efectos quedaron suspendidos hasta que se trate la apelación presentada por el Gobierno. Además, otras medidas cautelares impulsadas por distintos gremios continúan vigentes, lo que mantiene parcialmente frenados algunos artículos.
Más allá de la vía judicial, la CGT pone el foco en la respuesta política. La marcha convocada para el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, aparece ahora como un punto clave para expresar el rechazo a la reforma laboral. Desde la conducción sindical anticipan una movilización masiva y remarcan que el eje central será la defensa de los derechos laborales.
En la central obrera insisten en que la ley implica un retroceso en derechos individuales y colectivos, y aseguran que mantendrán su postura en todos los frentes. Al mismo tiempo, dejaron entrever críticas hacia los magistrados que intervinieron en el fallo, al sugerir que la decisión podría ser cuestionada por su desempeño.
Con este escenario, la CGT se prepara para una nueva etapa del conflicto, combinando estrategias judiciales y presión en la calle frente a una reforma que consideran regresiva.