Revés judicial para Milei: la Corte declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga. El máximo tribunal consideró que el Gobierno no justificó las condiciones excepcionales necesarias para modificar la legislación mediante un decreto de necesidad y urgencia y dispuso que la autoridad de aplicación recupere sus facultades de fiscalización.

La decisión alcanzó a los artículos 267 y 269 del decreto, que habían permitido a las empresas de medicina privada establecer libremente los valores de sus planes. Según los jueces, el Poder Ejecutivo no acreditó una situación de urgencia que impidiera recurrir al procedimiento legislativo ordinario para introducir esos cambios.

El fallo se originó en una acción de amparo presentada por una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados por la empresa tras la entrada en vigencia del DNU. La mujer denunció que su cuota pasó de $136.161,21 en diciembre de 2023 a $301.218,02 en febrero de 2024, lo que representó un aumento cercano al 110% en apenas dos meses.

En su presentación, sostuvo que, de haberse mantenido el esquema regulatorio anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%. Por ese motivo, solicitó que se dejaran sin efecto los aumentos dispuestos por la compañía.

Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y estableció que los aumentos debían ajustarse al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado nacional apelaron ante la Corte Suprema.

La Corte cuestionó la falta de justificación del Gobierno

Al analizar el caso, los magistrados recordaron que la Constitución Nacional permite dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente en circunstancias de "rigurosa excepcionalidad", cuando resulta imposible seguir el trámite legislativo habitual o existe una urgencia incompatible con los tiempos del Congreso.

En ese sentido, concluyeron que el Gobierno no explicó adecuadamente por qué era indispensable eliminar los controles sobre las cuotas de las prepagas mediante un DNU.

"De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682", señalaron los jueces.

El tribunal consideró insuficientes los argumentos oficiales vinculados con la crisis del sistema sanitario y la necesidad de promover una mayor competitividad mediante la liberación de precios.

"Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley", sostuvo la sentencia.

Además, los magistrados remarcaron que invocar una emergencia económica o social no alcanza para justificar cualquier modificación normativa. En particular, señalaron que el decreto no estableció una relación concreta entre la situación de emergencia y la eliminación de las facultades estatales de control.

La Corte también advirtió que la mayor rapidez o conveniencia de un decreto no constituye una justificación constitucional suficiente para reemplazar el tratamiento parlamentario de una medida.

Qué cambia para las empresas de medicina prepaga

Con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269, la autoridad de aplicación deberá recuperar las facultades de control y fiscalización previstas en la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.

El esquema anterior a la desregulación contemplaba la revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones, además de la obligación estatal de verificar que los aumentos fueran razonables y estuvieran respaldados por variaciones en los costos y cálculos actuariales de riesgos.

La Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, pero dejó sin efecto el mecanismo que limitaba los aumentos al IPC. En consecuencia, la decisión no establece un tope automático equivalente a la inflación para las cuotas.

El máximo tribunal dispuso que la autoridad competente reasuma sus funciones de control y que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios fijados en el fallo.

Asimismo, aclaró que el procedimiento legislativo pendiente sobre el DNU no impide que la Justicia revise su constitucionalidad cuando sus disposiciones producen efectos concretos sobre los derechos de las personas.

Finalmente, la sentencia precisó que la declaración de inconstitucionalidad se limita exclusivamente a los dos artículos vinculados con las prepagas y no implica un pronunciamiento sobre la validez del resto del DNU 70/2023.

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