Desde 2004 y hasta el 17 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un total de 1.907 sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), consolidando su rol clave en el proceso de memoria, verdad y justicia en el país.
Entre los antecedentes más relevantes se encuentra el fallo “Simón”, dictado el 14 de junio de 2005, mediante el cual el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, habilitando la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Previamente, en 2004, el fallo “Arancibia Clavel” estableció la imprescriptibilidad de estos crímenes, mientras que en 2007, en la causa “Mazzeo”, se invalidaron los indultos otorgados a militares.
De acuerdo con registros de áreas internas del tribunal, la totalidad de las resoluciones corresponde al período iniciado en 2004, cuando comenzó a consolidarse el nuevo enfoque judicial sobre estos delitos.
En paralelo, datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indican que desde la reanudación de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 condenados y 250 personas absueltas. Actualmente, permanecen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación.
El año pasado, la Corte también rindió homenaje a los magistrados que participaron en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. En ese marco, su presidente, Horacio Rosatti, destacó la realización de un proceso “justo” en un contexto adverso, mientras que Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente sólida” frente a crímenes graves. Por su parte, Ricardo Lorenzetti subrayó que las políticas de memoria y justicia forman parte de los pilares del sistema democrático argentino.