Las seccionales de Roma, Milán y Bari de la Policía Postal, encargada de los delitos en la web, coordinaron una operación que terminó con la indagatoria de cuatro personas acusadas de ofrecer a través de Telegram el certificado requerido para sentarse en bares y restaurantes y participar de actividades en interiores y exteriores.
Según informó el sitio RAINews, la organización ofrecía los certificados a precios entre 150 y 500 euros, especialmente a personas contrarias a las vacunas.
El certificado, que se descarga al teléfono y ofrece un código QR, es gratuito y estará al alcance de las personas que tengan al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, a quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses y a quienes se hagan un test con resultado negativo con un máximo de 48 horas de antigüedad.
La investigación, agrega RAINews, requirió un “monitoreo capilar” de los grupos de la aplicación de mensajería en los que había “miles de inscritos”.
Veinte millones de “pases verdes”
Al menos 20 millones de italianos descargaron el “pase verde” en los primeros tres días de vigencia del certificado que permite la entrada en bares y participar de distintas actividades bajo techo y al aire libre a personas vacunadas contra el coronavirus, informó hoy el Gobierno.
“20 millones de pases verdes descargados en los últimos tres días”, anunció en Facebook el ministro de Salud Roberto Speranza, quien calificó el número de “extraordinario”.
Para los vacunados tiene una duración de nueve meses desde que se completa la inmunización y para los que demuestren anticuerpos frente a la Covid-19 la vigencia será de seis meses.
El uso del certificado se extendió hoy a comedores de empresas y fábricas, lo que desató críticas de sindicatos y representantes gastronómicos.
“Se han asegurado fábricas y oficinas, es inaceptable castigar a quienes no tienen el certificado”, criticó el secretario general de la central sindical nacional Cgil, Maurizio Landini, en declaraciones que reproduce hoy el diario Repubblica.
“Los comedores de empresas no se pueden equiparar a los restaurantes”, agregó Landini, que pidió un régimen diferenciado para el sector.
En ese marco, el responsable de gastronomía de la cámara empresarial Legacoop, Andrea Laguardia, aseguró que “no se entiende la razón de la obligación” de usar el “pase verde” en los comedores.
“Puedo estar con los colegas en la oficina o en la fábrica, pero luego para al comedor no podemos ir si no tenemos el pase verde. Es incomprensible”, criticó Landini.
De todos modos, el anuncio de la implementación del certificado ya había provocado la semana pasada tensiones por la extensión, a partir del 1 de septiembre, de la obligatoriedad para docentes y personal de escuela de todos los niveles educativos del país.
En ese marco, el presidente de la Asociación Nacional de directores de escuelas, Antonello Giannelli, planteó en declaraciones televisivas que hacen falta “ocho mil personas” para poder controlar que docentes y personal auxiliar tenga el “pase verde”
“Hay que hacerlo rápido, o no será posible garantizar los controles”, agregó Giannelli.
Para facilitar el acceso al “pase verde”, el Gobierno anunció ayer que el test rápido necesario para obtener el certificado costará ocho euros para las personas de 12 a 18 años y 15 euros para los mayores de edad, al menos hasta fines de septiembre.
Fuente: Télam