El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. La decisión se tomó tras confirmarse en junio pasado la sentencia dictada en diciembre de 2022.
Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la orden alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como productos o instrumentos del delito, o incorporados durante la maniobra investigada entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El valor del decomiso, fijado originalmente en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, siguiendo criterios técnicos avalados por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó ejecutar la medida mediante la realización y venta de los activos.
Entre los bienes figuran propiedades de Lázaro Báez y de empresas de su grupo —Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto—, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. También se incluye un inmueble de Cristina Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.
El tribunal consideró probado un circuito de beneficios indebidos mediante la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios, cartelización y falta de controles, que favoreció a Báez y generó un crecimiento patrimonial ilícito compartido con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los planteos defensivos sobre falta de nexo causal, sobreseimientos previos y presuntos derechos de terceros. Afirmaron que el decomiso no exige una trazabilidad exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos por la maniobra.
La resolución se apoya en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueven la recuperación de activos y advierten que las interpretaciones restrictivas favorecen la impunidad en casos de corrupción estructural.
El TOF 2 ordenó inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y comunicará la tasación a la Corte Suprema para su eventual asignación al servicio de justicia. También enfatizó que los fondos recuperados deberían contribuir a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, donde numerosas obras viales quedaron inconclusas.