Referentes de distintos sectores de la cultura se reunieron este martes para advertir sobre el impacto que tendría la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional, que incluye dos cláusulas destinadas a eliminar fondos que hoy sostienen actividades culturales en todo el país. Con preocupación, reclamaron que el dictamen referido al financiamiento cultural sea separado del debate laboral.
“Queremos que se separe el dictamen antes de iniciar el debate. Ese es nuestro principal pedido. Tal como está planteado, hay un error jurídico”, afirmó el secretario de Estado de Cultura, Joselo Schuap, durante una conferencia de prensa realizada junto a Sergio Acosta (IAAVIM), Andrea Mutti (Instituto Provincial de la Danza), Veroka Fedeli (Instituto Provincial de Teatro Independiente) y representantes de la comunidad cultural de Posadas. También se informó la ausencia, por compromisos laborales, de Elio Ilkov, referente del INAMU en Misiones.
Un recorte que afecta al sistema cultural federal
Según explicaron, la aplicación del Título XXVI del proyecto implicaría un recorte anual superior a los 40 mil millones de pesos, recursos que actualmente financian el cine, el teatro, la música y los medios públicos y comunitarios. El impacto, remarcaron, sería directo en las provincias, al desfinanciar un esquema federal que garantiza producción, empleo y acceso a la cultura.
“Debatir el financiamiento es válido, pero destruir no es mejorar. Es eliminar políticas públicas que llegan a cada territorio”, sostuvo Schuap. En ese sentido, remarcó que se trata de fondos federales que pertenecen a las provincias y que “no guardan relación con el espíritu de una reforma laboral”.
Dos artículos con fuerte impacto económico
El proyecto enviado al Congreso incluye dos artículos que eliminan asignaciones específicas destinadas al sector cultural. De aprobarse, instituciones como el INCAA, el INAMU y el Instituto Nacional del Teatro perderían anualmente $25.500 millones, $2.040 millones y $10.200 millones, respectivamente. A ello se sumarían $28.560 millones del ENACOM y $5.100 millones de la Defensoría del Público.
Schuap subrayó que estos organismos se autofinancian mediante aportes específicos del público —como entradas y consumos culturales— y reiteró la disposición del sector a discutir mecanismos de financiamiento y administración. “Eso es mejorar; destruir no es mejorar, es eliminar”, insistió.
Rechazo unánime del sector cultural
Durante la conferencia, los distintos representantes expresaron un rechazo unánime a la eliminación de los fondos culturales. Sergio Acosta (IAAVIM) calificó la medida como grave y advirtió sobre el impacto estructural que tendría en los institutos nacionales. Veroka Fedeli señaló que la iniciativa se presenta luego de un año sin respuestas para regularizar el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro, y alertó sobre las consecuencias para trabajadores y comunidades.
Por su parte, Andrea Mutti recordó que Misiones es la única provincia con una ley específica y un instituto de danza en funcionamiento, y advirtió que el proyecto vulnera aún más los derechos del sector. En tanto, la realizadora Ana María Zanotti, en representación de la Red Audiovisual Misionera, presentó un petitorio dirigido a los legisladores provinciales, en el que se advierte que la iniciativa desnaturaliza el debate parlamentario y constituye una ofensiva directa contra la cultura y la comunicación.
El documento propone el retiro del Título XXVI, el voto negativo en particular o la defensa federal de los fondos culturales. Schuap cerró la conferencia recordando palabras del gobernador Hugo Passalacqua sobre la necesidad de una salida colectiva y citó a Ramón Ayala al señalar la obligación de “defender los intereses de los misioneros”.