El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, sostuvo que es de fundamental importancia “tomar en serio la situación de nuestros adultos mayores, son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, también uno de los más postergados, con jubilaciones que no les alcanza para cubrir lo mínimo e indispensable”.
En ese sentido, además recalcó que “desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), emitimos un documento a nivel nacional manifestando esta preocupación y el reclamo correspondiente para una mejora en sus haberes”.
El planteo surge a partir de que hay adultos mayores que hicieron mínimo 30 a 35 años de aporte, así como otros llegan y superan los 40 años, del mismo modo que están quienes por haber trabajado en negro o en condiciones irregulares no tienen los aportes efectuados, y es necesario que todo ese esfuerzo y sacrificio les garantice, mínimamente, condiciones de vida digna y una jubilación que les permita sostenerse.
“Nuestros abuelos merecen respeto, y la mejor manera que tiene el Estado de demostrarle eso es a través de una jubilación que les permita garantizar la satisfacción de sus necesidades, y no que cada vez vean más deteriorada su condición de vida, como sucede actualmente”, enfatizó el ombudsman posadeño.
De acuerdo a lo expuesto por los defensores nucleados en ADPRA, los jubilados quedaron en fuerte desventaja tras el panorama de Argentina de los últimos meses, marcado por la devaluación de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo y la restrictiva política económica, que generó ajustes, aumento en las tarifas de los servicios, y recortes de presupuestos.
“Frente a este escenario, resulta impostergable contrarrestar los efectos que la crisis económica genera en la calidad de vida de los Adultos Mayores”, recalcaron en un documento. Y agregaron que “a diciembre de 2018, con el último aumento del 7,78% conforme la aplicación de la Ley de Movilidad, los Jubilados y Pensionados recibirán un incremento total en sus haberes del 28,5%, cobrando una jubilación mínima de $9.308,96 y un promedio de $12.400. Sin embargo se estima una inflación del 42%, generando una pérdida de poder adquisitivo del 13,5%”.
En ese mismo marco, explicaron que la nueva fórmula de movilidad, que contempla en un 70% la variación de la inflación y en un 30% la evolución de los salarios según el índice Ripte, tenía por objeto evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios, pero “su aplicación y el desfasaje entre el período utilizado para realizar el cálculo y la fecha de actualización de haberes, consolidó el efecto contrario, con lo que los jubilados y pensionados no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Se suma a esta realidad, los incrementos que tuvieron en los últimos meses los insumos de farmacia, dado que el precio de los medicamentos está dolarizado”, siendo este último también un punto más que desfavorable y preocupante para los adultos mayores.
“El fenómeno del envejecimiento requiere un tratamiento especial que permita alcanzar a los Adultos Mayores el lugar que por derecho les corresponde”, indicaron los defensores a través de ADPRA. Y, en ese contexto añadieron que “no se debe perder de vista que los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesarias respetar para proteger la dignidad de las personas”.
“Dada la situación económica que presentan los Jubilados y Pensionados, desde la red de adultos mayores de ADPRA, resulta necesario demandar una recomposición económica salarial de emergencia para la clase pasiva, con carácter de urgente e inmediata, acompañada de una política pública que garantice la protección de los adultos mayores como sujetos de derechos y el acceso a un haber previsional suficiente, garantizador de una vida digna”, concluyen en su planteo los defensores.