Una presentación judicial apunta contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y contra autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA) por una contratación millonaria adjudicada por Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet.
La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano. También alcanza a la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, María Cristina Dellepiane; al titular de la OA, Alejandro Melik; y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi. Se les atribuye, en principio, la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El planteo judicial se centra en la Disposición 21/2026, firmada el 19 de enero de 2026, mediante la cual se adjudicó una contratación directa por especialidad a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por $114.044.133, con opción de prórroga. El servicio contratado consiste en la capacitación en idioma inglés para personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
En el acto administrativo se dejó constancia de que, en la Declaración Jurada de Intereses prevista por el Decreto 202/2017, se detectó un “vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro Sturzenegger. A partir de ello —según la disposición— se aplicaron los procedimientos correspondientes, se notificó a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y se recomendó la firma de un pacto de integridad. Además, la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que se habían cumplido las previsiones del decreto.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que no existiría constancia pública en el sitio web de la OA sobre la publicación del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando se registran vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado. Según indicaron, al consultar el buscador oficial de “Casos informados a la OA” no hallaron registros vinculados a la relación entre Rouillet y Sturzenegger.
A criterio de los abogados, la presunta omisión de esa publicación habría impedido el conocimiento público de un posible conflicto de interés y configuraría una falta al deber de transparencia. Esa eventual responsabilidad la atribuyen a las autoridades de la OA. También cuestionan la decisión administrativa de avanzar con la adjudicación pese a la existencia del vínculo con un funcionario de rango ministerial.
La denuncia encuadra los hechos, de manera preliminar, en los artículos 248 y 265 del Código Penal. El primero sanciona al funcionario que no cumple con las obligaciones legales a su cargo, mientras que el segundo se refiere a las negociaciones incompatibles con la función pública, figura que contempla situaciones en las que un funcionario se interesa, en beneficio propio o de un tercero, en contratos u operaciones en los que interviene por su función. En ese sentido, los denunciantes advierten sobre la posibilidad de un “desdoblamiento del agente”, es decir, que el funcionario actúe simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado.